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Interior y Defensa estudian que militares que dejen el Ejército pasen a ser funcionarios de prisiones

Fuente: El País

 

Instituciones Penitenciarias anuncia a los sindicatos que con la medida pretenden incrementar la plantilla, que en la actualidad es de 23.000 trabajadores Los Ministerios de Interior y Defensa estudian ampliar el número de funcionarios de prisionescon la incorporación preferente a la plantilla de las cárceles españolas de soldados profesionales que abandonen el Ejército. El plan contempla ofertar plazas “de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad” del Ejército, según un correo electrónico remitido este martes por el subdirector general de Recursos Humanos de Prisiones, Eugenio Arribas, a los sindicatos penitenciarios al que ha tenido acceso este periódico. Fuentes oficiales del departamento confirman que el plan está en estudio, pero aseguran que está en una fase muy inicial y que aún deben perfilarlo tanto con el Ministerio de Defensa como con Hacienda. Las organizaciones sindicales de Prisiones ya han mostrado sus recelos a la medida. La carta del alto responsable de Instituciones Penitenciarias detalla que la incorporación de los militares se considera “muy favorable” para incrementar el número de efectivos en servicio en las prisiones y que la medida estaba ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que siguen en vigor tras prorrogarse.

La idea es que las plazas que se convoquen para militares profesionales no computen a efectos de tasa de reposición (las que se compongan para cubrir las bajas y jubilación de funcionarios de prisiones), sino que sirvan para incrementar la plantilla, cifrada en 23.000 trabajadores, muchos de ellos por encima de los 50 años, como vienen denunciando desde hace años los sindicatos de Instituciones Penitenciarias. “Lo consideramos muy favorable porque entendemos que se trataría de efectivos que se sumarían a la Oferta de Empleo Público habitual”, añade el alto cargo de Prisiones en la carta. La medida permitiría a Defensa dar una salida laboral a una parte de los aproximadamente 50.000 militares profesionales que tendrán que abandonar de aquí a 2036 las Fuerzas Armadas por cumplir los 45 años. En junio, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, firmó un convenio similar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el que se pretende facilitar la incorporación de este colectivo como agentes de las policías locales e, incluso, como funcionarios o personal laboral de los consistorios y diputaciones. La propuesta para Prisiones ha cogido por sorpresa a los sindicatos penitenciarios. Este miércoles, la principal organización, Acaip-UGT, ha emitido un comunicado en el que recalcaba que la propuesta era “absolutamente novedosa” y que hasta ahora nunca se había puesto sobre la mesa por parte del Ministerio del Interior.

El sindicato solicitará de manera urgente información para conocer “cuáles son las condiciones de esta posible contratación, en qué concepto, si existen cupos y cómo se estructuraría, a qué plazas accederían”, así como el contenido del convenio que se firmaría con Defensa. Fuentes de Instituciones Penitenciarias insistían este miércoles en que la idea está aún "en una fase inicial. Es verdad que existe esa posibilidad y se va a estudiar, pero aún no hemos concretado nada con Defensa", añaden.

La propuesta se conoce solo una semana después de que Interior se viera obligado a destinar a cerca de 240 guardias civiles y policíasa reforzar la seguridad exterior de las 15 cárceles existentes en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha después de que quedase desierto el concurso público para cubrir 200 plazas de vigilantes privados en las mismas. La quiebra financiera de Ombuds, la empresa de seguridad que hasta ese momento prestaba servicio en estas prisiones, y la negativa de otras compañías a concurrir el concurso por el elevado importe de las deudas que deberían asumir obligó a Interior a poner en marcha un plan de contingencia hasta que se adjudique el nuevo concurso. La medida, que se hizo efectiva a las 12 de la noche del pasado 31 de diciembre, ha provocado algunos problemas, según denunciaron sindicatos de prisiones. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil insisten en que “en ningún momento se ha producido una merma de seguridad” de los recintos penitenciarios. La medida también se produce en un enquistado conflicto laboral en Instituciones Penitenciarias desde la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha recrudecido tras la llegada al poder del PSOE y el nacimiento de un movimiento que se presenta como “asindical” bajo el nombre de Tu Abandono Me Puede Matar. Las organizaciones sindicales tradicionales reclaman una equiparación salarial similar a la que el ejecutivo del PP acordó en su día con los representantes de los policías nacionales y guardias civiles, además de una ampliación de las plantillas y la concesión a los trabajadores penitenciarios de la condición de agentes de la autoridad. Hasta ahora, las negociaciones han estado estancadas a la espera de unos nuevos presupuestos. El anuncio de la incorporación de soldados profesionales es el primer movimiento en meses.

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