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ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
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Fuente: El Pais
Miden poco más de seis centímetros y son fáciles de ocultar en un zapato o en las cavidades del cuerpo. Se ofertan en páginas web por poco más de 20 euros, pero dentro de la cárcel, donde están prohibidos y los presos solo pueden llamar desde cabinas y con restricciones, son muy codiciados. Son los teléfonos móviles. En 2019 Interior se incautó de 2.672 de estos dispositivos, siete al día, según datos oficiales. Esta cifra dobla el número de los intervenidos en 2017, cuando fueron 1.383.
La estadística oficial sobre el número de teléfonos móviles intervenidos dentro de prisión —recogida en una respuesta del Ministerio del Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu— detalla que la prisión en la que se intervinieron más dispositivos el año pasado fue la de Alhaurín de la Torre (Málaga), con 179. Una cifra que, sin embargo, se queda lejos de los que se localizaron en el mismo centro penitenciario en 2018, cuando fueron 227.
En 2019 también se superaron el centenar de móviles localizados en poder de reclusos en las de Algeciras (Cádiz), con 138; Valencia, con idéntico número; Valdemoro (Madrid), con 123; y Albolote (Granada), con 119. Desde el año 2000, el primero del que hay estadísticas, ya son 21.765 los móviles localizados entre rejas. La tenencia de teléfonos móviles se considera una falta grave que acarrea sanciones a los reclusos a los que se les encuentre. Estos castigos van desde la reducción de las horas de salida al patio al cambio a un módulo más duro. Además, el incidente queda reflejado en el expediente penitenciario del recluso con el consiguiente efecto en la concesión, por ejemplo, de permisos.
El cada vez mayor número de teléfonos móviles en las cárceles ya llevó en 2008 al Gobierno a tomar medidas para evitar su utilización, sobre todo tras descubrirse a algunos presos célebres, como Zakhar Kalashov, jefe de la mafia georgiana, y el narcotraficante gallego José Ramón Bravo Bugallo, Sito Miñanco, utilizando estos dispositivos desde sus celdas. Así, aquel año, Instituciones Penitenciarias comenzó a instalar inhibidores de frecuencia en el interior de buena parte de las cárceles. En 2018 la medida alcanzaba a 39 de los 69 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior —la Generalitat tiene transferidas las competencias de las cárceles catalanas—. Instituciones Penitenciarias declina ahora facilitar el número exacto de prisiones que ya cuentan con esta medida “por motivos de seguridad”.
No obstante, los inhibidores no convencen a los sindicatos de funcionarios de prisiones, que critican que se quedan desfasados según se desarrollan los nuevos sistemas de conexión telefónica. “Se instalaron para impedir llamadas de los móviles de primera, segunda y tercera generación, pero no sirven para los más nuevos”, denuncia un portavoz de ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios.