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Portazo a ceder el permiso de maternidad PDF

Madrid | 02 de Enero de 2017

 

Fuente: el Mundo

El Gobierno niega a un funcionario la baja de maternidad de su esposa tras anunciarlo

Era una recomendación de la Defensora del Pueblo que el Ejecutivo aceptó

La medida persigue facilitar la búsqueda de trabajo a las madres en paro

Desde que supo que su mujer estaba embarazada, Manuel se marcó a fuego el paso que dio el Gobierno en marzo de 2015. Cuando se enteró de que lo que venía no era uno, sino dos niños, ese anuncio se convirtió en ley para el matrimonio.


Hacía justo un año que el Ejecutivo había aceptado que las madres cedieran el permiso de maternidad a sus maridos -en caso de ser funcionarios- transcurridas las seis primeras semanas posteriores al parto si estaban en paro. Su esposa no tiene trabajo. Él es funcionario. Cumplían el requisito así que Manuel estaba tranquilo.

Los nueve meses transcurrieron con el convencimiento de que él podría quedarse con los mellizos para que ella tuviera tiempo de buscar un empleo. Desde que en 2013 se quedara fuera del circuito laboral, siempre había intentado volver a formar parte de él aunque sin suerte. Pero ahora la cosa era distinta. Ahora lo necesitaban de verdad. Dos hijos no son lo mismo que uno y el sueldo de Manuel se les queda corto. Por eso, él se había agarrado tan fuerte a la cesión del permiso de maternidad. Ella pasaría las seis primeras semanas con sus bebés y él, las diez restantes. Pero no ha podido ser.

La recomendación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, validada por el Gobierno aquél mes de marzo de 2015 no sirve y Manuel no ha tenido más remedio que regresar al trabajo. Adiós al permiso de maternidad trasvasado. Ha sido el primer funcionario de la Comunidad Valenciana en dar este paso. El primero que ha comprobado que las puertas siguen estando cerradas.

El Ejecutivo considera que no cumple los requisitos sin explicar cuáles son. La mujer de Manuel dio a luz en noviembre. Dos semanas después, solicitó que su esposa le cediera el permiso pero, según denuncia, la respuesta fue no. «Es una recomendación que se aceptó pero que no está regulada», lamenta. Y lo está peleando. La semana pasada presentó un recurso ante la Delegación del Gobierno de Valencia donde recordaba que la doctrina del Tribunal Constitucional y la normativa comunitaria están de su parte.

«Que se me haya negado esta recomendación que la Defensora del Pueblo hizo al Gobierno supone que las madres se vean obligadas a limitar su actividad profesional y, por tanto, posicionarles en una situación que les deja en desigualdad en la protección de su ámbito laboral», replica Manuel.

«La maternidad, en ningún caso, debe suponer ver limitadas las expectativas laborales y profesionales, y en aras a materializar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad en las oportunidades profesionales, de conciliación de vida familiar y laboral», recoge el escrito.

Cuando Becerril lanzó esta propuesta, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas hubo recepción. Este organismo comunicó entonces que la Comisión Superior de Personal analizaría la cuestión a efectos, dijo, «de favorecer la igualdad y no discriminación de la mujer en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional». Pero todo se ha quedado sobre el papel. En la práctica las cosas son de otra manera.

El criterio de Becerril coincide además con la jurisprudencia comunitaria y con la doctrina del Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. Según ha señalado el TC, «denegar el permiso al padre que trabaja por cuenta ajena porque la madre no trabaja o no trabaja por cuenta ajena supone que las madres se vean obligadas a limitar su actividad profesional». Pero eso sigue siendo sólo la teoría. Manuel lo ha comprobado.

«Sólo ha sido un gesto de cara a la opinión pública»

El sindicato mayoritario en la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en la provincia de Valencia (ACAIP-USO) mostró su indignación por la situación de Manuel. «Se dio mucho bombo a la recomendación de la Defensora del pueblo pero la realidad es que no se ha hecho nada para que los funcionarios puedan hacer uso de esto».

El colectivo criticó duramente la situación en la que se encuentra Manuel y acusó al Gobierno de no «fomentar» la conciliación laboral y familiar a pesar de haberlo anunciado. «No ha entrado a valorar la recomendación. Está claro que no es vinculante pero el caso es que la aceptó en su momento y le dio publicidad. «Lo que ha hecho el Ejecutivo central es quedar bien ante la opinión pública. Sólo eso».

 

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