Lunes, 20 de Noviembre de 2017

Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias

Sindicato afiliado a USO

ACAIP PRESENTA QUERELLAS CRIMINALES POR LA RESOLUCION DEL CONCURSO DE TRASLADOS

ACAIP presenta QUERELLA CRIMINAL  contra el Subsecretario del Interior, Secretario General de IIPP y Subdirectora General de Recursos Humanos por la posible comisión de dos delitos: PREVARICACION ADMINISTRATIVA Y MALVERSACIÓN  DE CAUDALES PÚBLICOS





 

 

TOMA DECISION COMITE EJECUTIVO ACAIP

El Comité Ejecutivo de Acaip reunido en el día de hoy (9 de noviembre de 2017) ante la situación actual de la Institución Penitenciaria  ha decidido subir el nivel de las medidas de presión. Ante la gravísima situación real que vivimos, nos vemos abocados a impulsar las soluciones judiciales ante los atropellos que desde la SGIP se está llevando a cabo con el colectivo.


Se informará puntualmente de las próximas actuaciones, que se convocarán en el momento que se considere más oportuno para los intereses del colectivo.


Todas estas actuaciones nos llevarán a convocar una gran MANIFESTACIÓN al final del primer trimestre del 2018, una vez se hayan realizado los miles de movimientos del concurso de traslados que condiciona sin remedio la situación del personal en los centros penitenciarios.


El Comité Ejecutivo ha analizado objetivamente la tabla reivindicativa concluyendo de forma unánime en la necesidad de que llegado esta manifestación será el momento oportuno de convocar una huelga en el sector que nos conduzca a la consecución de nuestras justas y necesarias reivindicaciones.


PRESIDENTE DE ACAIP ANTE LA INSPECCION PENITENCIARIA

 

Miembros de la Ejecutiva de Acaip, representantes de UGT, CCOO y CIG apoyan al presidente de Acaip ante la apertura del expediente abierto injustamente. Finalmente el presidente del sindicato no ha declarado ya que Acaip presento una RECUSACIÓN sobre la apertura del expediente abierto por el Secretario General de II..PP  que actualmente tiene dos demandas presentadas por Acaip.

Inicio Noticias Medios de comunicación Portazo a ceder el permiso de maternidad
Portazo a ceder el permiso de maternidad PDF

Madrid | 02 de Enero de 2017

 

Fuente: el Mundo

El Gobierno niega a un funcionario la baja de maternidad de su esposa tras anunciarlo

Era una recomendación de la Defensora del Pueblo que el Ejecutivo aceptó

La medida persigue facilitar la búsqueda de trabajo a las madres en paro

Desde que supo que su mujer estaba embarazada, Manuel se marcó a fuego el paso que dio el Gobierno en marzo de 2015. Cuando se enteró de que lo que venía no era uno, sino dos niños, ese anuncio se convirtió en ley para el matrimonio.


Hacía justo un año que el Ejecutivo había aceptado que las madres cedieran el permiso de maternidad a sus maridos -en caso de ser funcionarios- transcurridas las seis primeras semanas posteriores al parto si estaban en paro. Su esposa no tiene trabajo. Él es funcionario. Cumplían el requisito así que Manuel estaba tranquilo.

Los nueve meses transcurrieron con el convencimiento de que él podría quedarse con los mellizos para que ella tuviera tiempo de buscar un empleo. Desde que en 2013 se quedara fuera del circuito laboral, siempre había intentado volver a formar parte de él aunque sin suerte. Pero ahora la cosa era distinta. Ahora lo necesitaban de verdad. Dos hijos no son lo mismo que uno y el sueldo de Manuel se les queda corto. Por eso, él se había agarrado tan fuerte a la cesión del permiso de maternidad. Ella pasaría las seis primeras semanas con sus bebés y él, las diez restantes. Pero no ha podido ser.

La recomendación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, validada por el Gobierno aquél mes de marzo de 2015 no sirve y Manuel no ha tenido más remedio que regresar al trabajo. Adiós al permiso de maternidad trasvasado. Ha sido el primer funcionario de la Comunidad Valenciana en dar este paso. El primero que ha comprobado que las puertas siguen estando cerradas.

El Ejecutivo considera que no cumple los requisitos sin explicar cuáles son. La mujer de Manuel dio a luz en noviembre. Dos semanas después, solicitó que su esposa le cediera el permiso pero, según denuncia, la respuesta fue no. «Es una recomendación que se aceptó pero que no está regulada», lamenta. Y lo está peleando. La semana pasada presentó un recurso ante la Delegación del Gobierno de Valencia donde recordaba que la doctrina del Tribunal Constitucional y la normativa comunitaria están de su parte.

«Que se me haya negado esta recomendación que la Defensora del Pueblo hizo al Gobierno supone que las madres se vean obligadas a limitar su actividad profesional y, por tanto, posicionarles en una situación que les deja en desigualdad en la protección de su ámbito laboral», replica Manuel.

«La maternidad, en ningún caso, debe suponer ver limitadas las expectativas laborales y profesionales, y en aras a materializar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad en las oportunidades profesionales, de conciliación de vida familiar y laboral», recoge el escrito.

Cuando Becerril lanzó esta propuesta, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas hubo recepción. Este organismo comunicó entonces que la Comisión Superior de Personal analizaría la cuestión a efectos, dijo, «de favorecer la igualdad y no discriminación de la mujer en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional». Pero todo se ha quedado sobre el papel. En la práctica las cosas son de otra manera.

El criterio de Becerril coincide además con la jurisprudencia comunitaria y con la doctrina del Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. Según ha señalado el TC, «denegar el permiso al padre que trabaja por cuenta ajena porque la madre no trabaja o no trabaja por cuenta ajena supone que las madres se vean obligadas a limitar su actividad profesional». Pero eso sigue siendo sólo la teoría. Manuel lo ha comprobado.

«Sólo ha sido un gesto de cara a la opinión pública»

El sindicato mayoritario en la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en la provincia de Valencia (ACAIP-USO) mostró su indignación por la situación de Manuel. «Se dio mucho bombo a la recomendación de la Defensora del pueblo pero la realidad es que no se ha hecho nada para que los funcionarios puedan hacer uso de esto».

El colectivo criticó duramente la situación en la que se encuentra Manuel y acusó al Gobierno de no «fomentar» la conciliación laboral y familiar a pesar de haberlo anunciado. «No ha entrado a valorar la recomendación. Está claro que no es vinculante pero el caso es que la aceptó en su momento y le dio publicidad. «Lo que ha hecho el Ejecutivo central es quedar bien ante la opinión pública. Sólo eso».

 

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