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Funcionarios penitenciarios cortan el acceso a la cárcel de Villanubla PDF

Villanubla | 09 de Mayo de 2018

 

Fuente: Cope

Estremera, Daroca, Sevilla y, ahora también, Valladolid. El Centro Penitenciario de Villanubla, a 20 kilómetros de la capital, ha sido testigo del último encontronazo entre funcionarios penitenciarios y Policía Nacional.

Alrededor de las ocho de la mañana, convocados por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y los sindicatos CCOO y UGT, un grupo de trabajadores de la cárcel de Villanubla ha cortado la carretera de acceso como parte de su protesta contra la situación de “caos absoluto” que, aseguran, viven las cárceles españolas. La acción ha provocado la respuesta de los agentes de la Policía Nacional, que han procedido al desalojo de los manifestantes que ocupaban la calzada.

Para el secretario general de ACAIP, Ignacio Hernández, la actuación de los agentes en Valladolid es un ejercicio de “brutalidad policial” que se está repitiendo en la “práctica totalidad” de los lugares donde están ejerciendo el derecho de reunión y manifestación. “Nos quieren callar a toda costa”, sentencia.

El calendario de movilizaciones, que se ha intensificado coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales del Estado a fin de que se incluya una partida de 128 millones de euros para acabar con la brecha salarial —las diferencias retributivas alcanzan los 700 euros mensuales en función de la prisión de destino, según los sindicatos—, se inició en abril de 2017 y, advierten, “irá a más”. Los funcionarios penitenciarios han dejado de ver al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, como una “esperanza” y se cumplen siete años desde la última reunión entre sindicatos y Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

A su principal reivindicación “mismo trabajo, mismo salario”, se suman las peticiones de más medios humanos y materiales. En el Centro Penitenciario de Valladolid, según Ignacio Hernández, la falta de funcionarios alcanza el 25 por ciento. Una cifra a la que añade la masificación del 130 por ciento de presos. Salen “mucho más barato”, concluye Hernández, los medios materiales para la reinserción que “los internos salgan a la calle y sigan delinquiendo”.

Los sindicatos lamentan, además, que el nuevo sistema para el registro y cómputo de las agresiones a funcionarios penitenciarios exige datos de carácter personal que “en un determinado momento” pueden poner en riesgo la seguridad de los denunciantes. Solo el pasado año, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios registró más de 630 agresiones. Desde ACAIP, matizan, son “muchas más”.

 

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