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Azkarraga propone un modelo penitenciario con cuatro nuevos centros en el País Vasco

Critica al Gobierno de Zapatero por «ningunear» a Euskadi al diseñar el plan que prevé el cierre de Martutene.

Fuente: El Correo Digital

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, planteó ayer en el Parlamento autonómico el desarrollo de un modelo penitenciario propio para Euskadi que tendría un coste anual de 21,7 millones de euros y supondría el cierre de las prisiones de Basauri, Martutene y Nanclares de la Oca y la apertura de cuatro centros nuevos, cuya ubicación no detalló.

Tras rechazar que la Administración central siga «inmiscuyéndose» en el diseño y el ejercicio de la política carcelaria, Azkarraga reclamó a los parlamentarios que apoyen la exigencia del traspaso «inmediato» de esa competencia y no acepten la justificación de la política antiterrorista para no transferirla.

En esa misma línea, acusó al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de «ningunear» al gabinete Ibarretxe al diseñar el plan aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros, que contempla el cierre de Martutene y la construcción de una 'macrocárcel' en Zubieta y otra en un lugar aún no concretado de Euskadi. El consejero considera «un gran error repetir el sistema de almacenes de presos», en vez de apostar por la «atención individualizada» y la «reinserción» de los reclusos; dos objetivos sobre los que, según indicó, pivota el modelo del Ejecutivo vasco.

Hasta 1.500 plazas

El sistema de ejecución penitenciaria que propugna Azkarraga no debería sobrepasar las 1.500 plazas. De ellas, entre 700 y 1.000 se distribuirían entre los nuevos cuatro centros de régimen ordinario. Las restantes corresponderían al régimen abierto y se repartirían entre centros de inserción social, unidades dependientes (viviendas de pequeña capacidad) o servicios de deshabituación de drogas.

Contempla, además, dos unidades hospitalarias, una de ellas psiquiátrica, y la puesta en marcha de tres equipos de medio abierto para el cumplimiento de penas no privativas de libertad. Estas instalaciones se ubicarían en los centros de inserción social de cada territorio y ayudarían a los jueces en materias como la libertad condicional o las órdenes de trabajo en beneficio de la comunidad.

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