Fuente: lasprovincias.es

 Siete Aguas se mantiene como el municipio con más opciones para albergar la nueva cárcel de la provincia de Valencia. Una patata caliente para cualquier alcalde que la vea en su municipio, pero también una abundante fuente de ingresos: unos 30 millones de euros anuales.

El máximo responsable municipal de esta localidad, Rafael Zahonero (PP), se ha enfrentado con el Ministerio del Interior -a quien acusa de no informarle sobre la cárcel - y con la oposición (PSPV) -que le reprocha conocer el proyecto con antelación-. Además, ha comprobado cómo el pueblo ha mostrado su oposición a la penitenciaría.

Unos y otros hablan de los inconvenientes de esta infraestructura. Pero pocos tienen argumentos de peso para sostener cualquiera de las posturas. LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a un informe de Interior que cifra el impacto económico de una penitenciaría como la que se proyecta en Siete Aguas.

La repercusión económica es notable. Suficiente para levantar una economía local o comarcal. El estudio del Ministerio, basado en cálculos de las prisiones hechas en los últimos 15 años en España, prevé un impacto económico de 30 millones de euros al año con el centro a pleno rendimiento. La cifra engloba la creación de empleo e ingresos por tener la cárcel, la repercusión en las empresas relacionadas con la penitenciaría y el gasto y consumo de los empleados de la prisión.

La construcción de una cárcel como la que se pretende ubicar en Siete Aguas -1.008 celdas más 200 complementarias en áreas como enfermería, ingresos y aislamiento- se prolonga 26 meses. Eso, si no se producen retrasos, que en una infraestructura de este tipo no es extraño. No hay que recorrer muchos kilómetros para observar un ejemplo: la prisión de Albocàsser.

En esta fase, 850 personas trabajarán en la obra, cifra que alcanza los 900 empleados al final. Lo habitual es la contratación de personal de la localidad o la comarca por la mayor facilidad de desplazamiento. Por este motivo, las adjudicatarias suelen subcontratar parte de los trabajos. El proceso engloba a 60 empresas, la mayoría de la localidad, comarca o autonomía.

Los trabajadores suelen invertir la mayor parte de sus ingresos en la zona en la que residen. Los sectores más beneficiados son el inmobiliario -compra o alquiler de viviendas-, los suministros -agua, electricidad- y los servicios, con gastos en la hostelería, alimentación y transporte.

Con la obra acabada hay que poner en marcha la cárcel. Para ello se cuenta con una amplia plantilla compuesta por medio millar de funcionarios y otro centenar de trabajadores sólo para tareas que se desarrollan dentro de la penitenciaría, sin contar con el refuerzo de la seguridad que implica una cárcel.

Otro aspecto que destaca el informe es la mejora de las infraestructuras. Una prisión suele ubicarse en una zona rural. En concreto, para la cárcel de Siete Aguas se ha pensado en unos terrenos situados al otro lado de la autovía A-3, a menos de 10 kilómetros de la localidad.

Muchas mejoras.

El hecho de que sea una zona rural exige mejorar las comunicaciones. No sólo la construcción de nuevas carreteras, sino ampliar las existentes para unir los principales núcleos de población de la Hoya de Buñol-Chiva. A este impacto hay que sumar las medidas que el municipio desarrolle. El informe recoge otros impactos como los beneficios que dejarán en la localidad la "población flotante" que atrae una cárcel. Aquí se incluyen las visitas a los presos, tanto de familiares como de abogados de los reclusos, los funcionarios y el personal laboral.

Los vecinos de Siete Aguas protestaron contra la construcción de la cárcel nada más conocer la noticia a través de LAS PROVINCIAS, porque la localidad se orienta hacia el turismo de interior y con la cárcel este se anularía. Desde Interior se tiene en cuenta que se cumpla siempre el máximo respeto a la naturaleza y desarrollo sostenible.

Responsables políticos y vecinales deben valorar qué es lo que más conviene al municipio. Instituciones Penitenciarias siempre ha sido clara: la cárcel sólo se construirá si hay consenso entre las Administraciones. No hay que olvidar que el Gobierno baraja otras ubicaciones por si esta fracasa.