Fuente: Voz de Galicia

La reciente fuga de tres narcos extranjeros de la prisión pontevedresa de A Lama -hoy ya podrían ser cuatro- ha puesto de nuevo sobre el tapete las contradicciones entre el sistema penitenciario vigente en nuestro país, uno de los más garantistas y progresistas del mundo, y la política penitenciaria en la que prima la seguridad a cualquier precio.

El morbo social de estos últimos casos se ha visto acrecentado por el hecho de que los tres o cuatro últimos reclusos que decidieron no retornar a sus celdas tras unos días de asueto en la calle eran todos extranjeros e integrantes de una misma banda de delincuentes. Y en que obtuvieron los permisos de forma escalonada, tras formular los pertinentes recursos contra la negativa de la junta de tratamiento de la prisión.

Las autorizaciones fueron concedidas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Galicia, con sede en Pontevedra, del que dependen las prisiones de A Lama y Pereiro de Aguiar (Ourense).

Llovía sobre mojado, porque Fidel del Río Pardo, el firmante de la mayoría de esos polémicos permisos, cuenta con mejor cartel entre los presos que entre muchos funcionarios de las prisiones sobre las que tiene jurisdicción.

Generoso.

Este juez es de los más generosos para el recluso a la hora de aplicar la norma. El año pasado concedió cerca de 3.000 permisos de salida -casi todos en vía de recurso- y del orden de un centenar han incumplido el compromiso de retornar.

Esta cifra de regresos fallidos supera con creces la media nacional, que fue de siete por cada mil. Y además la del resto de las prisiones gallegas, incluidas las del norte -Teixeiro, Bonxe y Monterroso-, pero también la de Pereiro de Aguiar, que depende del mismo juez. ¿Por qué se le fugan tantos presos al juez Fidel Del Río, precisamente de A Lama?.

El magistrado rehusó hacer declaraciones sobre el tema, al igual que en ocasiones anteriores en las que sus decisiones fueron objeto de polémica.

Otros jueces, funcionarios de prisiones, abogados y juristas consultados sí se han pronunciado al respecto. Todos coinciden en dar por sentada la legalidad de la decisión judicial y su adecuación a la realidad social actual.

José Luis Castro Antonio, titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, apuntó tras corroborar la legalidad de los polémicos permisos que una situación como esta se hubiera evitado con un cambio de la legalidad vigente que ya aparece contemplado en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, sobre la mesa del ministro de Justicia desde junio del 2005. En dicho proyecto se plantea la ampliación del período de seguridad en la concesión de los permisos penitenciarios para que no puedan ser concedidos a presos por delitos sexuales, delitos graves (más de cinco años de condena, como en el caso de los narcos franceses) y violencia doméstica (hasta que no hayan cumplido la mitad de la condena efectiva). Esta norma ya rige para los delitos de terrorismo.

Precisiones.

Pero con la actual ley en la mano, fuentes jurídicas han precisado que en este caso concreto el juez se enteró a posteriori por la prensa, ya que nadie lo informó oficialmente de palabra o por escrito de que los cuatro protagonistas de la historia pertenecían a una misma organización criminal. O de que, en todos los casos, el argumento de la junta de tratamiento de la prisión para denegarles el permiso era el alto riesgo de fuga por tratarse de extranjeros sin arraigo en nuestro país.

«La ley es la misma para todos, nacionales y extranjeros», precisó uno de los juristas consultados.