Fuente: terra.es
No obstante, las herramientas se iban a utilizar una vez fuera de las celdas. Al parecer, eran dos los internos extranjeros que lideraban el plan, aunque podían contar con la participación de un tercero, extremo este último sin confirmar. Los funcionarios, siguiendo el protocolo, comunicaron de inmediato los hechos a la dirección del centro penitenciario. Los responsables actuaron y decidieron trasladar al menos a uno de los internos a otro centro, medida habitual en casos de este tipo.
Ya se hizo lo mismo con los cuatro reclusos que participaron en el motín del pasado mes de noviembre. Al día siguiente partieron de la prisión con destino a otras penitenciarías españolas. Habitualmente, cuando se producen hechos de tanta gravedad como el motín que ocurrió en noviembre, los presos suelen crecerse frente a los funcionarios al ver que algunos compañeros pudieron poner contra las cuerdas a los trabajadores. Por este motivo, no es extraño el repunte de la conflictividad en el centro que se ha producido desde finales del pasado año.
Este incidente, según el citado sindicato, vuelve a poner en tela de juicio la seguridad de los propios trabajadores dentro de la prisión. El escaso número de funcionarios y a su vez la masificación de internos -alrededor del 166 por ciento y del 200 por ciento en algunos módulos- impide que los empleados puedan controlar todas las actividades que se llevan a cabo en el recinto. De ahí -argumentan- que se hayan podido fabricar los 'utensilios' que pretendían utilizar en la fuga. No son los únicos instrumentos peligrosos que se elaboran en el interior de la prisión.
Los pinchos carcelarios, que se utilizan en las reyertas entre los reclusos o incluso para amedrentar a los propios funcionarios, constituyen otro ejemplo. En este sentido, el caso más grave se produjo el pasado 16 de enero cuando un interno logró acceder a la oficina de seguridad de los funcionarios, le puso a uno un pincho en el cuello y logró salir momentáneamente del módulo. Este suceso es, sin embargo, la punta del iceberg del grave problema de seguridad de la prisión, según el citado sindicato. Desde el pasado mes de enero se han registrado 375 incidentes graves o muy graves.
Los funcionarios son los principales perjudicados de esta situación. En menos de dos meses, tres trabajadores han sufrido agresiones y en 35 ocasiones se han producido amenazas graves, coacciones e insultos. Tampoco la conflictividad entre los internos ha descendido. Las peleas entre reclusos son habituales y desde comienzos de enero el centro acumula 41 incidentes de este tipo. A esto hay que sumar que casi una treintena de presos se han puesto en huelga de hambre, otra medida habitual entre los presos y que deciden por diferentes motivos, la mayoría por denegación de permisos.
La dirección de la cárcel creó un grupo de trabajo con todos los sindicatos con representación para debatir soluciones a los graves problemas de inseguridad de la penitenciaría. Acaip denunció ayer 'que las reuniones de esta comisión no han servido para nada'. Desde la asociación sospechan que se trata de una estrategia de Instituciones Penitenciarias para 'silenciar' el problema hasta las elecciones y ver qué ocurre con el equipo directivo.
La masificación de la cárcel de Picassent es un problema que comparte con casi todos los centros de España. La apertura este verano de la cárcel de Albocàsser contribuirá a reducir esta situación, ya que muchos reclusos serán trasladados. Idéntica medida se realizará una vez se construya la segunda cárcel de la provincia de Valencia, que Interior planea ubicar en el término de Siete Aguas.