Fuente: acb.es

«Masificación». Con esta palabra definen los funcionarios de prisiones la situación en los cinco centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana que albergan un total de 6.337 reclusos, según los últimos datos del Ministerio del Interior -4.873 penados y 1.464 preventivos-, lo que supone prácticamente duplicar la capacidad de las cinco cárceles: Valencia (Picassent), Alicante I, Alicante II (Villena), Alicante Psiquiátrico y Castellón.

Desde 2000, la población reclusa en la Comunidad ha aumentado un 52 por ciento, ya que en dicho año existían 4.161 presos, según los datos aportados por el sindicato de prisiones Acaip. Desde 2005 -cuando había 5.834- ese aumento ha sido del 8,5 por ciento. Además, en apenas dos años la tasa de masificación ha pasado del 166 por ciento al 199 por ciento.

Por ejemplo, en el centro de Valencia (Picassent) existen un total de 2.461 reclusos -cuando entre sus paredes se esperaba dar cabida a unos 1.200 presos-.

En el resto de centros el número de internos también duplica al número de plazas disponibles. Así, en Alicante I existen unos 1.150; en Alicante II, 1300; el Alicante Psiquiátrico, unos 400; y en Castellón, otro millar, según datos del propio sindicato de prisiones. «Esta situación es un elemento determinante de inseguridad en las cárceles».

El 9,7% de los reclusos

En la Comunidad Valenciana se encuentran el 9,7% del total de reclusos de España que se sitúa en 65.004 (49.689 penados y 15.315 preventivos).
Esta masificación hace referencia a las celdas residenciales -de vida ordinaria- y no a las de los departamentos de ingresos penitenciarios, enfermería o aislamiento, módulos con características especiales.

No es de extrañar que desde Instituciones Penitenciarias, y ante esta «sobreocupación», como reconoció su directora general, Mercedes Gallizo, se estén buscando terrenos en el entorno de Valencia para construir un nuevo centro penitenciario -con unas 1.300 celdas-.

Otro dato demoledor que refleja la preocupante situación que se vive en las cárceles de la Comunidad hace referencia al ratio de reclusos por cada funcionario.

Aunque las cifras oficiales hacen mención a dos reclusos por cada trabajador de prisiones -aquí se incluyen directivos, personal de oficinas, enfermería...-, a la hora de la verdad el funcionario que está «a pie de cárcel», en contacto con los presos y con un cometido de vigilancia, tiene que abarcar a unos 150 internos. «Esa cifra se viene manteniendo desde hace ya catorce años».

Con este contexto laboral se comprende el comentario de uno de los funcionarios consultados: «Al final de la jornada laboral te puedes dar con un canto en los dientes si no ha pasado nada grave y con que estén todos los internos en su sitio». El salario de un funcionario con labores de vigilancia ronda los 1.500-1.600 euros netos mensuales incluido el plus de peligrosidad.

En la Comunidad hay más de 1.100 presos son extranjeros lo que representa el 18% del total (aproximadamente seis de cada diez nuevos reclusos). El último estudio revela que la nacionalidad mayoritaria es la marroquí, seguida de colombianos y argelinos. La cárcel de Valencia es la sexta de España con más extranjeros y la de Alicante la novena.

Por géneros, el porcentaje de reclusas es del 10 por ciento. Por ejemplo en Picassent hay 263 mujeres frente a los 2.198 hombres.

Problemas psiquiátricos

Uno de los grandes problemas con los que se enfrentan los funcionarios de prisiones es el estado de la salud de los reclusos. No en vano, el 25% de ellos es portador del VIH, el virus del sida.

Otro factor determinante es la existencia de numerosos reclusos con trastornos psiquiátricos: «Es difícil hacer un seguimiento de ellos. Un psiquiatra viene a verlos cada 15 ó 30 días. Se trata de reclusos que no obtuvieron una resolución del juez para enviarlo al psiquiátrico de Alicante -junto al de Sevilla es el único existente en España-. «La mayoría de las agresiones que se producen entre internos y de éstos a funcionarios la llevan a cabo este tipo de presos».