Fuente: laprovincia.es

El Gobierno de Canarias ha logrado parar las obras que ejecuta el Estado en el sur de Gran Canaria, en concreto en la zona conocida como Los Llanos de Juan Grande, para acondicionar el terreno donde se levantará la segunda cárcel de la isla.

Se trata de una explanada de unos 447.000 metros cuadrados en la que más de 25 excavadoras, tractores y camiones de gran capacidad venían trabajando desde el mes pasado, hasta que finalmente ayer han sido obligados a apagar los motores y desalojar la finca objeto de los desmontes.

El motivo de la suspensión de los trabajos se debe a una denuncia presentada por la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno canario, quien ha requerido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "la inmediata paralización de las obras que se desarrollan ilegalmente" en Los Llanos de Juan Grande, un solar que en la actualidad es propiedad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De ahí que el Ejecutivo regional considere que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) ha ocupado de manera ilegal los terrenos para construir el centro penitenciario, pues este organismo estatal ha adjudicado y autorizado el comienzo de los movimientos de tierra en una finca de la que no es propietario, según recuerdan desde el Gobierno regional.

Y es que la Dirección General de Patrimonio ya advirtió a la SIEP el pasado 18 de marzo que debía parar las obras, entre otros motivos porque el procedimiento de enajenación iniciado para adquirir los terrenos todavía no ha culminado. Pero nadie hizo caso al requerimiento y la empresa Hermanos Tito siguió adelante con los desmontes, e incluso intensificó los trabajos en horario nocturno y los sábados para cumplir con los plazos de ejecución.

"CASO OMISO". Ahora, ante "el caso omiso" a ese primera advertencia, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que depende Patrimonio y está dirigida por José Manuel Soria, ha dictado una resolución expresa para recuperar "de oficio" la posesión de la finca y suspender así toda la actividad desplegada por el Estado en la zona, al menos hasta que ambas administraciones públicas lleguen a un acuerdo sobre la compra de los terrenos y la ubicación del penal.

Los primeros efectos de esa determinación se produjeron ayer. Unos 50 trabajadores entre operarios y técnicos se quedaron sin empleo, mientras que la compañía ha comenzado a reubicar la maquinaria y a parte de su personal en otras obras. Los trabajadores están desconcertados por la situación, pues no tienen información sobre cuándo se podrán reincorporar al trabajo, entre otras razones porque tampoco se sabe el tiempo que se tardará en desbloquear la edificación de la segunda prisión de Gran Canaria.

TRÁMITES. Y es que, aparte de la adquisición del mencionado solar en Juan Grande, aún hay pendientes varios trámites administrativos para que el proyecto penitenciario cuente con el visto bueno de todas las instituciones. Algunos de esos pasos a dar son la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial, la elaboración de una declaración de impacto ambiental, y que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana contemple en su Plan General de Ordenación Urbana el emplazamiento de la cárcel, una decisión que debe tomar en colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Estas dos últimas administraciones están gobernadas por las mismas fuerzas políticas (Partido Socialista y Nueva Canarias), pero son incapaces de zanjar la cuestión mediante el consenso.
De hecho, en el pleno celebrado el lunes, los concejales de Nuevas Canarias, incluida la alcaldesa, dejaron solos a los ediles socialistas en su defensa de la construcción del centro penitenciario en el municipio, alineándose con los representantes de la oposición.