Fuente: canarias7.es
Nueva vuelta de tuerca en la polémica por las obras de la cárcel en Juan Grande. Apenas 10 días después de que el Gobierno canario parara los trabajos, promovidos por el Estado, las máquinas volvieron ayer al tajo. El Ejecutivo, que se enteró por los medios, llevó ayer el caso al juzgado.
Sin previo aviso y sin un solo papel que les diera plácet. Los tractores de Hermanos Tito, la empresa que ha sido contratada para realizar los movimientos de tierra en el solar donde irá ubicada la futura prisión, reiniciaron las tareas de desmonte desde la media mañana de ayer.
Las máquinas volvieron pasando por encima del rechazo de los vecinos, de las protestas ecologistas porque las obras rompen el hábitat de aves protegidas y, sobre todo, de la oposición del Ejecutivo regional, que es el propietario de los terrenos y que tomó la iniciativa de paralizar los trabajos al asegurar que el solar había sido ocupado de forma ilegal por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias (SIEP), es decir, que lo hizo sin su permiso.
La Policía Local de San Bartolomé, que se personó en el lugar por la tarde, levantó acta al comprobar que la obra no tenía licencia ni titularidad sobre el suelo.
Primero actuó el Gobierno canario. El director general de Patrimonio y Contratación, Paulino Montesdeoca (PP), estampó su firma en una denuncia que fue presentada ayer en el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana. Luego fue el turno de los vecinos. Por la tarde organizaron una protesta que logró parar los tractores. «Es una ocupación ilegítima e ilegal de los terrenos y pedimos el auxilio judicial para que detenga los trabajos», explicó Montesdeoca, quien confesó sentirse «sorprendido» por la actitud de la SIEP. «Pese a que hay un requerimiento de paralización, a que se pidió auxilio al Cuerpo Nacional de Policía y a que se dictó una recuperación de oficio del suelo, han vuelto las máquinas».
Mutis en la siep.
El director general se preguntaba ayer «qué dirá ahora el delegado del Gobierno, que en los últimos tiempos se ha postulado como interlocutor delEstado para este asunto». Montesdeoca le da bastante relevancia a la posición oficial que adopte respecto a lo sucedido Salvador Llanos, máximo representante institucional en Canarias del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
Por lo pronto, tanto desde la Delegación del Gobierno como desde la SIEP en Madrid se optó ayer por hacer mutis por el foro. La institución que coordina Llanos se limitó a decir que no tenía constancia del reinicio de las obras, mientras que la empresa pública que contrató el proyecto, dependiente del Ministerio del Interior, no se salió del guión. Se negó a hacer declaraciones.