Fuente: La Razón Digital

Los agresores eluden el tratamiento. Cumplen condena y demasiadas veces vuelven a la calle todavía sin rehabilitar.

Exhibicionistas, pederastas, violadores y acosadores sexuales ensanchan cada año el siniestro paisaje humano de las cárceles españolas. En tan sólo tres años, el número de reclusos condenados por delitos contra la libertad sexual se ha incrementado en un 13 por ciento.

Además, los delitos por agresión sexual ya suponen la tercera causa de encarcelamiento, por detrás de los delitos contra el patrimonio y contra la salud pública, según los datos del Ministerio de Justicia.

Durante su estancia en prisión, a los delincuentes sexuales, la mayoría cuerdos y lúcidos -menos de un 10 por ciento padece trastornos mentales-, se les ofrece un programa específico para rehabilitar su conducta, una terapia que en España es voluntaria. En ellas, «se les enseña a sentir empatía con la víctima, a captar su sufrimiento, para aprender a inhibir su conducta agresiva», explica Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco.

Pero no todos los internos están dispuestos a ponerse en manos de profesionales y reconocer el daño que han ocasionado. De hecho, las estadísticas de Instituciones Penitenciarias revelan que sólo 339 reclusos cursan en la actualidad el programa, sin contar los de Cataluña, que tiene las competencias en este asunto transferidas. Es decir, sólo 11 de cada cien violadores o pederastas asumen que tienen un problema de conducta grave y desea resolverlo.

«La duración de estas terapias es de dos años y es un programa único para agresores sexuales en general. No hace distinciones entre pederastas o violadores», informan desde Instituciones Penitenciarias. De las 77 prisiones repartidas por toda nuestra geografía, sólo 40 ofrecen el programa de reeducación de la conducta sexual. «No hay en todos los centros, pero si un preso la solicita se le cambia inmediatamente», indican fuentes penitenciarias.

De vuelta a la sociedad.

Cumplidas las condenas, que oscilan entre los dos y quince años de cárcel, estos individuos, se hayan rehabilitado o no, se reincorporan a la sociedad. Una vez fuera, no se hace ningún seguimiento ya que no es legal. La falta de control de estos individuos, los fallos de un sistema judicial que no contempla una base de datos centralizada con resoluciones y medidas judiciales, y el índice de reincidencia, siembran el pánico en las calles. Una realidad que confirman casos como la del violador del Eixample, el asesino de Mari Luz o el conocido como violador del chándal. Todos ellos reincidentes.

Las estadísticas, según el único informe disponible, elaborado en la prisión de Brians (Barcelona), desvela que cerca del 20 por ciento de los excarcelados que no había seguido tratamiento reincidía en los cuatro años posteriores a cumplir condena. Una cifra que baja hasta el 4,1 por ciento entre los tratados.

Como asegura Miguel Ángel Soria, profesor de Psicología criminal en la Universidad de Barcelona, «pensar que un tratamiento va a ser efectivo con todos es imposible». El problema base, explica Soria, es que «en las cárceles los agresores muestran un comportamiento ejemplar. A la salida es donde está el riesgo».

«Se puede perder todo lo conseguido con la terapia si no se aplican una serie de medidas postpenitenciarias», opina Guadalupe Rivera, psicóloga penitenciaria. «Asumir el seguimiento de estos abusadores es la única forma de que tengan menos riesgo de volver a cometer abusos», destaca el psicólogo y profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona Santiago Redondo.