Fuente: nortecastilla.es

El sindicato de prisiones Acaip denunció ayer a través de un comunicado su preocupación por la situación que se vive en la cárcel salmantina de Topas ante el aumento del número de presos.
Según Acaip, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias «demuestra una gran incapacidad» desde hace años para «solventar los problemas de masificación y falta de personal», lo que ha convertido la situación interna del centro en «una bomba de relojería». El sindicato ha criticado con dureza las consideraciones del nuevo director del centro, José Ignacio Bermúdez, quien ha señalado que la cárcel puede albergar alrededor de 2.000 internos. Sin embargo, Acaip insiste en su comunicado en que la capacidad máxima del centro es 1.080 reclusos y «todo lo que pase de ahí es poner en riesgo el funcionamiento de la prisión».

«Auténtica temeridad».

Para Acaip, que el director del centro plantee la cifra de 2.000 reclusos es «una autentica temeridad, que haría poner aún en un mayor riesgo del que ya venimos padeciendo, la integridad física y la vida, tanto de reclusos, como del propio personal del centro». En este sentido, el sindicato aseguró que Topas tiene en estos momentos una ocupación del 170%, respecto a las cifras oficiales de capacidad, lo que supone que «la mayor parte de las celdas están ocupadas por dos internos, cuando se diseñaron para ser utilizadas por un único preso», según la denuncia que insiste en que «a la vista de la situación de extrema ocupación, se les tuvo que soldar una litera a la inicialmente instalada».

Esta situación, según Acaip, «ocasiona continuas fricciones» entre los reclusos y recuerda que recientemente uno de los presos fue asesinado por su compañero de celda. Además, se enumeran otros conflictos suscitados, como el intento de violación a un recluso por parte del compañero de celda, «que pudo ser evitado por la rápida actuación del personal del centro avisado por los gritos del interno agredido».

Señala el Tribunal Supremo, como ya lo ha hecho el Defensor del Pueblo, que «en la masificación de los centros se encuentra el origen de la violencia carcelaria».

El sindicato, que ha solicitado una reunión con la dirección del centro y con la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias para abordar este asunto, anunció ayer que no descarta iniciar movilizaciones y medidas de presión con el fin de que el Estado «destine el personal necesario para el normal desarrollo de los servicios y a que se garanticen unas condiciones mínimas de habitabilidad a la población reclusa».