Fuente: abc.es
El Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona vive sus últimos meses en el barrio de Trinitat Vella después de una larga vida de 54 años. El traslado de los reclusos -el destino de estos será, según el tipo de condena, la prisión de Brians II o el centro de preventivos de la Zona Franca- comenzará a finales de este año y supondrá la liberalización de unos 25.000 metros cuadrados de suelo. Tal superficie, un tesoro en los tiempos actuales, debería dar para mucho en una zona donde el espacio público brilla por su ausencia. El simple hecho de encontrar aparcamiento requiere de una combinación de destreza e infinita paciencia. Según los planes municipales, 15.749 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes, 6.000 se convertirán en pisos de protección, 1.874 pasarán a ser viales y 1.978 serán reconvertidos en equipamientos para el barrio.
En un gesto de «buena voluntad», el Ayuntamiento convocó el pasado 2 de julio a los vecinos para debatir sobre el futuro uso del fragmento destinado a equipamientos. Está por ver si las buenas intenciones se quedan sólo en eso, ya que el Consistorio ha anunciado que las sugerencias se podrían tener en cuenta, pero no tienen carácter vinculante.
Aversión contra el Ayuntamiento.
Muchos habitantes de Trinitat Vella destilan cierta aversión contra el Ayuntamiento de Barcelona. Unánime es la queja -además de desconfianza general- sobre la peatonalización de las calles centrales del barrio, en las que antes se podía circular y estacionar.
Manuel González, quien tiene una carpintería a escasos metros de la prisión, lamenta que la cárcel preocupe más que otros problemas. «Por mí, que se la lleven. Es como una fábrica de embutidos: todo lo que sale de ahí son chorizos», explica al denunciar la inseguridad que el centro genera en el barrio. En cambio Paco, propietario de un bar que se encuentra en frente mismo del presidio, teme que «cuando se vayan los Mossos de aquí, aumentará la delincuencia.
En vez de limpiar el barrio, se preocupan por la prisión». Dicho esto, Mamuel González añade: «Es verdad: cuando se vayan, esto será «Can Pixa»». Pese a los nuevos equipamientos que llegarán con el traslado, queda claro que nunca llueve a gusto de todos.
María Martín, quien nació «en frente de la cárcel», recibe el fin del centro de reclusos con desinterés. «Por mucha policía que pueda haber, a mí marido le han robado el coche varias veces. Pero bueno, si hacen algo bueno en su lugar, bienvenido sea».
Isabel Navarro, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Sant Andreu, confirma la sensación de titubeo vecinal en cuanto al traslado. Si bien se muestra «totalmente a favor» de los futuros cambios, reconoce el miedo de muchos habitantes del barrio por que en la etapa «postpenitenciaria» haya más delincuencia de la que ya hay actualmente.