Hace dos semanas, trascendió que en la cárcel femenina de Alcalá Meco (Madrid), se investigaba si algunos funcionarios habían mantenido relaciones sexuales con varias internas a cambio de permitirles a ellas determinados privilegios, como hablar por el móvil al extranjero.
Las funcionarias dicen que los abusos de este tipo pueden producirse porque, tras la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, los hombres y las mujeres pueden trabajar indistintamente con presos o con presas, y el PP cree que hay que volver a la situación anterior.
La Audiencia Nacional ya sentenció, en junio de 2007, que no existe discriminación por destinar a mujeres a los departamentos de reclusas y a hombres a los de los presos. Esa división se justifica, según la sentencia, en que hay que realizar cacheos, registros y otros trabajos que es más adecuado que los desarrollen los funcionarios varones con los hombres y las mujeres con las reclusas.
Las funcionarias, según el PP, "sufren más vejaciones por parte de los internos, deben efectuar a solas las rondas o recuentos nocturnos y entre celdas se encuentran con amenazas, insinuaciones y hasta acoso sexual".
El 23 de junio de 2009, el Pleno del Congreso, a petición del PP, aprobó instar al Gobierno a que, en el plazo de tres meses, presentara un informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en las prisiones y dialogara con los funcionarios para resolver los problemas. Han transcurrido más de 10 meses y aún no ha contestado.
En su propuesta al Congreso, el PP propone que la citada ley establezca que las normas referidas al personal al servicio de los centros penitenciarios "procurarán" que se aplique la igualdad entre hombres y mujeres. Pero pido que se añada este párrafo: "No obstante, la especificidad del régimen penitenciario determinará el mantenimiento de las escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias".