Fuente: El Periódico de Aragón

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, apostó hoy por el desarrollo de la intervención en medio abierto, un grado penitenciario que a su juicio es "más eficaz" que el cerrado por favorecer la integración social de los reclusos, que ascienden a 65.810 en todo el país.

Gallizo, en una conferencia en Zaragoza sobre la "Reinserción social en las instituciones penitenciarias: logros y déficits", resaltó que las prisiones cumplen una función muy importante, "tener aisladas a personas que puedan suponer un riesgo para la sociedad", pero también tratar de que aquellos "que tropezaron con el mundo del delito en un momento de sus vidas" vean "una posibilidad para encontrarse consigo mismos y reencauzar sus vidas".

En este sentido, afirmó que el mejor servicio para la seguridad de todos no es tener "cada vez más cárceles, muros más altos y más personas aisladas", sino trabajar con el objetivo de "recuperar para la sociedad al máximo de personas posibles", "educar en aceptar que las personas pueden cambiar" y enseñar que "todos podemos vivir en libertad si aprendemos a respetar la libertad de los demás".

El 16 por ciento de todos los reclusos del país, un 92 por ciento de los cuales son hombres y un 8 por ciento mujeres, disfrutan de un grado penitenciario abierto, datos que distan mucho de la realidad de nuestros países vecinos, donde el 25 o incluso el 50 por ciento de los presos se encuentra en esa situación, dijo la directora general.

Por eso, insistió en que se debe seguir trabajando por introducir una nueva cultura en el sistema de penas, medidas alternativas que "parten de la necesidad de intervenir en contextos socializadores para disminuir los efectos des-socializadores de la prisión".

Valoró asimismo que son penas de carácter educativo, y sobre todo aquellas de trabajos en beneficio de la comunidad, porque "se sitúan en el contexto de la justicia reparadora", es decir, transmitir al delincuente la idea de que "tienes que reparar el daño que has hecho a la sociedad" con "tu tiempo, trabajo o energía".

A su juicio, este modelo ayudaría también a ampliar la eficacia de la intervención en el medio cerrado, ya que "si tuviésemos más personas cumpliendo penas de trabajo en beneficio de la comunidad o en régimen de semi-libertad" la ocupación en las cárceles sería menor y se podría trabajar con "mayor intensidad" con esos presos.

"Estos cambios hay que hacerlos con cuidado, con prudencia y con políticas muy consolidadas y firmes para conseguir que el efecto sea al cien por cien positivo", es decir, para que no se transmita a la sociedad una idea pesimista sobre la utilidad del cumplimiento de estas condenas, agregó.

Manifestó, no obstante, que no todos los reclusos se pueden beneficiar de este modelo y explicó que es necesario hacer una valoración exhaustiva del nivel de peligrosidad del preso para acceder a una pena que se aplica sobre todo en caso de penas de entidad menor y en la última parte de cumplimiento de la condena.

Gallizo afirmó que, a pesar de ser uno de los países de la Unión Europea con el nivel de delincuencia más bajo, el número de presos no ha dejado de crecer, por lo que, reconoció, las cárceles en la actualidad soportan un nivel de ocupación mayor del que deberían.

Recordó que el Gobierno ya aprobó en diciembre de 2005 un plan en el que se contempla la construcción de once nuevas cárceles, cinco unidades de madres, otros centros de tamaño medio y 31 centros de reinserción social, "una de las principales carencias del sistema".

En su conferencia, Gallizo apuntó que este sistema tiene otras necesidades, como aumentar el número de trabajadores sociales de los centros penitenciarios; fomentar el apoyo a las familias de los reclusos; garantizar que éstos puedan disfrutar de todos los derechos y no sean objeto de discriminación.