Fuente: EL PUERTO informción

l sindicato de prisiones Acaip no duda en ocultar su indignación respecto al incidente ocurrido la pasada semana, cuando una funcionaria del centro penitenciario Puerto III tuvo que hacerse cargo durante los turnos de mañana y tarde del módulo seis, integrado por noventa internos varones, en gran parte cumpliendo condena por delitos contra la libertad sexual que lograron intimidarla. Unas acciones que se corresponden con la nueva normativa de unificación de escalas impulsada por la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que parece no dejar indiferente a nadie, donde se contemplan condiciones igualitarias para el personal trabajador, pero obviando las circunstancias adversas que pudieran resultar de su aplicación.

Al conocer lo ocurrido, el delegado sindical de Puerto III trasladó el problema a la subdirectora de seguridad, quien manifestó no tratarse de un mero error en el libro de servicios, cuando otro funcionario varón asumía trabajos en un módulo completamente vacío. La verdadera razón expuesta respondía a las órdenes por parte de Interior para que comenzasen a adoctrinar a hombres y mujeres en esta disciplina en la que habrán de compartir tareas independientemente de su sexo.

El colectivo sindical se ha negado desde el principio a la unificación de escalas por considerarlo como una medida “demagógica y publicitaria” de cara a la sociedad, cuyo único cometido será el de acarrear cuantiosos problemas derivados de la inseguridad. Así, muchas de las incautaciones de droga o armas blancas son realizadas de inmediato y muchos de los cacheos no podrán ejecutarse hasta la llegada de un funcionario del mismo sexo que el interno.

Otra de estas quejas planteadas por Acaip en un escrito remitido al director de la prisión es la referente a la probabilidad fehaciente de que aumente el número de denuncias falsas contra los funcionarios, con casos fingidos de abusos o maltratos.

Además, reiteran que únicamente conseguirán con esta norma el efecto contrario de lo que precisamente se persigue, ya que una funcionaria podrá vivir nuevamente casos como el acontecido hace días, con funcionarias sometidas a más de quince horas de trabajo con internos penados por delitos sexuales, facilitando que la trabajadora sufra acoso por los mismos.

Del mismo modo, el delegado sindical no encuentra razones para explicar lo ocurrido con esta trabajadora al no estar justificada su presencia en el módulo seis.

Los problemas se suman teniendo en cuenta la escasa plantilla de personal con la que cuentan en prisión, donde para hacer frente a casos como el que vivió esta funcionaria y a expensas de que no se vuelvan a repetir situaciones de este tipo, la seguridad de la trabajadora sería firme con la compañía de un funcionario del sexo opuesto.

Experimentos, los justos

La puesta en marcha de la nueva normativa está complicando la vida diarias en las prisiones de todo el país. Sindicatos como Acaip manifiestan que se trata de un considerable desacierto a juzgar por numerosos incidentes que son pasto de la inseguridad, como el ocurrido la pasada semana en Puerto III y que no ha estado exento de reclamación como era de esperar.

 
Al respecto, Pedro, delegado sindical de Acaip sostiene de forma rotunda que se trata de un experimento puesto en práctica por Instituciones Penitenciarias en un centro tipo de estas características, donde las deficiencias son absolutas, tal y como denunció este medio. Una situación difícil de solventar, más aún con la llegada de una nueva conducción de internos procedentes de Puerto II que aterrizarán mañana que vendrá a incrementar el censo de los finados. Es por ello que solicita que se adopten las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir irregularidades en el libro de servicios y se pregunta si es este acoso el que ha inspirado a la ley de igualdad entre ambos sexos.

Ahondando un poco más en la petición trasladada a la dirección de Puerto III destaca el artículo 1.3, que deja ver cómo la dignidad o intimidad de las personas internadas podría verse quebrantada con funcionarios de sexo distinto en vigilancia.

Algo que demuestra, a juicio del colectivo sindical, que dicha unificación nació ajena a la realidad penitenciaria en la que existen muchas conductas o actividades desarrolladas a diario por presos.