Fuente: Huelva Información Digital
La posibilidad de que un preso internado en la cárcel onubense pueda tener algún tipo de relación con el terrorismo islamista ha hecho saltar todas las alarmas tanto en la prisión de Huelva como en todos y cada uno de los centros penitenciarios de Andalucía.
La voz de alerta la daba ayer mismo la central sindical CSI-CSIF a través de su presidenta autonómica, Julia Soto, a raíz de “las recientes declaraciones aparecidas sobre el material incautado en el centro penitenciario de Huelva donde se baraja la posibilidad de que puedan sufrirse atentados en las cárceles”.
El material al que hace referencia la dirigente sindicalista son una serie de documentos y cintas grabadas pertenecientes a un recluso que llegó hace varios meses a la prisión onubense procedente de Sevilla. Según ha podido saber este diario, se trata de un preso común de origen marroquí cuyo ingreso en la cárcel nada tiene que ver con el terrorismo. Sin embargo, cuando fue trasladado al centro onubense se le intervinieron, entre sus pertenencias, varias cintas que directamente fueron enviadas a Madrid para que fuera analizadas, y con el paso de las semanas, el recluso dejó entrever en comportamientos y expresiones ciertas adhesiones y simpatía hacia movimientos islamistas.
Las grabaciones llegaron a la Audiencia Nacional, a manos del juez Baltasar Garzón, que envió un equipo de la Guardia Civil a la prisión onubense. Durante dos días consecutivos, los guardias inspeccionaron la celda y las otras pertenencias del interno ante la sospecha de su posible pertenencia a una red islamista, y durante estos dos días, el recluso estuvo aislado, sin comunicación alguna.
La Audiencia Nacional analizó toda la documentación y cintas intervenidas y se ordenó el traslado del referido preso a Madrid el pasado mes de julio. El recluso del que se sospecha que pueda tener alguna vinculación con el terrorismo islamista, después de su traslado desde Huelva para prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, ha quedado internado en la cárcel de Soto del Real
A raíz de esta evolución de los acontecimientos, la presidenta de Instituciones Penitenciarias de CSI-CSIF en Andalucía subrayó que se ha desatado “una importante preocupación entre los trabajadores penitenciarios” de Huelva y del resto de centros de la comunidad.
Ante esta situación, exigió al Ministro del Interior y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que “mantenga informados a los funcionarios sobre las posibilidades de atentar contra su seguridad”, en lugar de que la Administración penitenciaria opte por “la política de oscurantismo que en esta materia se viene manteniendo”.
Soto matizó que “si bien es cierto” que desde Instituciones Penitenciarias y desde el departamento de Interior se ejerce un “control riguroso” sobre los supuestos miembros o simpatizantes del grupo terrorista islámico Al Qaeda que cumplen condena en las cárceles españolas, “no es menos cierto que en las prisiones andaluzas existe un importante numero de internos musulmanes considerados presos comunes, condenados por delitos menores que -subrayó- mantienen ciertos vínculos con organizaciones de corte islámico”. Precisamente, éste es el caso que supuestamente se ha destapado en el centro onubense a raíz de las intervenciones de sus pertenencias.
Por ello, la presidenta andaluza de la organización sindical exigió a la Administración “normas claras y contundentes” para poder controlar estos movimientos radicales dentro de los centros penitenciarios.