Fuente: Norte Castilla.es
Las ocho prisiones de Castilla y León han aumentado su población reclusa en casi el 80% durante los últimos siete años, lo que sitúa a estos centros penitenciarios entre los más saturados de toda España, una circunstancia que viene generando periódicamente situaciones de conflicto interno.
Si en el año 2000 el número de presos recluidos en las prisiones de Ávila, la única con mujeres, Burgos, Dueñas (Palencia), Mansilla de las Mulas (León), Segovia, Soria, Topas (Salamanca) y Valladolid, alcanzaba los 3.952 internos hasta el pasado mes de agosto esta cifra superaba ya 7.053 presos, entre preventivos y penados.
El pasado mes, el número de reclusos en España contabilizados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias alcanzaba los 66.192, de los cuales 50.841 eran internos que cumplían ya una condena en firme. En Castilla y León, los penados se elevan ya hasta los 5.761, de los que solo 435 son mujeres.
Lejos de estabilizarse, la masificación en los centros penitenciarios de la región sigue creciendo convirtiendo a la comunidad autónoma en receptora de reclusos sin que por el contrario su índice de criminalidad corresponda al que realmente se registra en las calles de cada una de las nueve provincias. De este modo, muchos de los presos que 'habitan' en las prisiones de la región cumplen su condena por delitos cometidos en otras comunidades.
Las tres prisiones con mayor capacidad inicial -la de Topas, Mansilla de las Mulas y Dueñas con 1.008 presos previstos cada una- y más modernas, inauguradas entre los años 1995 a 1999, han visto crecer su población real hasta llegar a superar, en el menor de los casos, los 1.604 internos.
El 65% de extranjeros
La cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas es la más saturada de toda la comunidad y en donde de los 1.760 reclusos internados 950 son extranjeros. Esta circunstancia de presencia de presos de otras nacionalidades no es exclusiva sólo de esta prisión, ya que el 65% de los internos que hay en Castilla y León son de 30 nacionalidades diferentes.
Marroquíes, ecuatorianos, dominicanos, colombianos y rumanos son algunos de los grupos de extranjeros encarcelados en las prisiones de la comunidad, donde cumplen condena por delitos de tráfico de drogas, robos y muertes violentas.
Esta composición penitenciaria, junto con el hacinamiento, está elevando la tensión que se registra en las prisiones de Castilla y León, según denuncian los sindicatos, y provoca también enfrentamientos y agresiones «casi diarios» entre presos y funcionarios.
El último incidente se produjo a principios del pasado mes de agosto cuando un recluso retuvo por espacio de 15 minutos a un funcionario y le provocó cinco heridas en la cabeza con un objeto punzante que no fue incautado. El funcionario permanece todavía de baja en la capital leonesa.
Incumplimiento de la ley
Esta masificación incumple lo dispuesto en la Ley Penitenciaria español, norma en la que se establece que cada interno debe de contar con una celda de uso individual.
«En estos momentos todas las celdas de las ocho prisiones de Castilla y León están dobladas y donde había inicialmente una cama se han puesto dos», comenta un representante del sindicato Acaip, mayoritario en todas las cárceles españolas.
Acaip se queja de que el hacinamiento penitenciario en las cárceles de la comunidad no ha ido acompañado de un aumento de las plantillas del personal. Por cada dos presos debería de haber un funcionario que les atendiera. En estos momentos las prisiones de Castilla y León disponen de 2.700 funcionarios para un total de siete mil reclusos, lo que incide negativamente en la seguridad efectiva de las cárceles.
«En algunos casos estamos un solo funcionario para vigilar a 150 internos, como sucede en la prisión de León», explica José Antonio Cartón, delegado de Acaip.