Fuente: abc.es
Instituciones Penitenciarias se ha acordado de la tranquila Soria y ha prometido a sus habitantes que construirá una cárcel de 720 celdas, en una capital con uno de los índices más bajos de delincuencia y ávida de infraestructuras. La cárcel de Soria será una de las once de nueva construcción dentro del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios del Ministerio del Interior, y un compromiso adquirido en el Plan de Actuación Específico para Soria, PAES, que el Gobierno aprobó para impulsar el desarrollo en la provincia soriana.
La Sociedad Nacional de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SIEP, ha anunciado la creación de 500 puestos de trabajo y una inversión en torno a los 90 millones de euros que permitirá el traslado de la actual prisión, en pleno casco urbano, a un emplazamiento más acorde a las necesidades de un centro de este tipo y alejado de la población. La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha insistido en varias visitas a Soria en que las actuales instalaciones están «obsoletas». Son del año 1961 y en sus 89 celdas conviven más de un centenar de reclusos.
Paraje «idílico»
El paraje por el que apuesta Interior para construir la nueva cárcel, La Laguna, está ciertamente alejado del casco, en la pedanía de Las Casas y en concreto en terrenos a las puertas del monte Valonsadero, espacio protegido como lugar de esparcimiento por parte de la Junta. Muchos sorianos desearían poder ver cada mañana la bella imagen con la que se despertarán los reclusos en sus celdas, si finalmente se confirma la ubicación elegida.
Eso sí, sigue siendo término municipal de Soria, «para que la inversión se quede aquí», como sostiene el alcalde socialista, Carlos Martínez Mínguez, quien siempre ha defendido la creación de la nueva prisión en la capital como un foco de inversión y creación de empleo.
Pero como nunca llueve a gusto de todos, el centro penitenciario ya cuenta con su propia plataforma anticárcel para protestar por una infraestructura que, sostienen sus integrantes, traerá más problemas que beneficios.
La mayoría de los miembros de esta plataforma son propietarios de los terrenos donde previsiblemente se levantará la construcción. Del total de titulares de la tierra, sólo un 20 por ciento ha dado el paso en respuesta a la oferta de la SIEP para tratar asuntos económicos, el resto rechaza la construcción, así como el precio de 3,60 euros por metro cuadrado que ofreció dicha Sociedad Penitenciaria, quien ya avanzó en una reunión con todos los afectados que no está dispuesta a negociar más cantidades. El paso siguiente, por lo tanto, sería la expropiación. Instituciones Penitenciarias necesita unas 35 hectáreas de terreno para unas obras que, en el mejor de los casos, no terminarán hasta 2011.
Todavía en el aire
Según traslada el Ministerio del Interior, la ubicación definitiva está todavía en el aire, a falta de que el pleno del Ayuntamiento se pronuncie, para lo que el equipo de Gobierno de Martínez Mínguez ya ha pulsado la opinión del Consejo Sectorial de Urbanismo, que componen desde ecologistas a constructores, pasando por las asociaciones de vecinos y la propia oposición municipal. Hasta ahora, ningún miembro del consejo está en contra de la cárcel, pero exigen «debate» sobre su emplazamiento, como sostienen desde las filas del PP.
La impresión generalizada es que el lugar viene impuesto por Instituciones Penitenciarias, elegido de entre varias propuestas de los técnicos municipales del Ayuntamiento, que curiosamente ponían inconvenientes a este emplazamiento por su proximidad a un monte emblemático para los sorianos, además de estrangular la construcción en el entorno urbanizable, ya que «nadie va a querer vivir cerca de una cárcel», coinciden en señalar los propietarios de los terrenos.
La propia SIEP había valorado la localidad de Alconaba como el entorno más adecuado para albergar el centro penitenciario, ubicación que obtuvo mayor puntuación que Valonsadero, según un informe de Interior para elegir el mejor emplazamiento. El Ayuntamiento de Soria ejerció presión para que la inversión se quedara en la capital.
Además de la construcción de una cárcel, en el PAES también figura la creación de un centro de reinserción social que inicialmente Instituciones Penitenciarias fijó en la actual prisión, si bien nunca ha confirmado esta posibilidad, sobre todo por la oposición del Ayuntamiento, de su mismo signo político, que quiere ese solar «para viviendas sociales o equipamiento», señaló Martínez Mínguez.
La construcción de la futura cárcel ha nacido con polémica ya que fue la oposición municipal, concretamente Iniciativa para el Desarrollo de Soria, Ides, antiguo socio de Gobierno del PP en la anterior legislatura, la que levantó la liebre y dio a conocer los informes de los técnicos municipales sobre posibles ubicaciones. Poniendo énfasis en la crítica al emplazamiento, por la cercanía con el monte Valonsadero. Martínez Mínguez avanzó que el mes de septiembre será «decisivo» para la futura cárcel ya que está previsto que la visita de la directora de Instituciones Penitenciarias sirva para arrojar luz definitiva sobre un proyecto que tiene ubicación sin que nadie la haya aprobado.