Fuente: laverdad.es

Cada vez son más las voces que claman por un tratamiento en clave sanitaria y no represiva de las personas con enfermedad mental que han cometido un delito. Pero la Administración, tal y como constatan fiscales, asociaciones y especialistas en la materia, no responde como debería a esta problemática social.

La excarcelación de algunos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent está sufriendo retrasos debido a la escasez de plazas en centros públicos abiertos donde pueda realizarse debidamente el seguimiento de las patologías que padecen, según informaron a este diario fuentes de Instituciones Penitenciarias. «Algunos pacientes podrían ya estar fuera después de que los médicos hayan comprobado que ha disminuido su peligrosidad, pero su salida se ralentiza porque no hay un unidad de salud mental que se haga cargo de ellos», precisan estas fuentes. En la Comunidad Valenciana, añaden, «tenemos más dificultades en este sentido que en otras autonomías».

El de Fontcalent es el mayor psiquiátrico penitenciario -sólo hay dos más, en Cataluña y Andalucía- de España, el centro de referencia en este ámbito. Actualmente cuenta con 388 internos que han ido llegando desde todos los puntos de la geografía estatal.

Muchos de sus familiares deben recorrer cientos de kilómetros para visitarlos. Ahí radica la principal reivindicación de las asociaciones que trabajan con personas que sufren enfermedades mentales: la descentralización de estos servicios en las distintas comunidades autónomas. «Deben asumir la responsabilidad en esta materia. Los enfermos tienen que estar cada uno en su región porque la distancia que debemos recorrer en muchos casos para poder visitarlos es tremenda», afirma Juan de Mata, miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de los Pacientes Ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. A su juicio, el de los enfermos mentales que delinquen «es más un problema médico que de seguridad».

El fiscal Carlos Eloy Ferreirós, Premio Cermi-Obra Social Caja Madrid de Discapacidad y Derechos Humanos del 2006 por su trabajo de investigación Salud mental y derechos humanos: La cuestión del tratamiento ambulatorio involuntario, coincide básicamente con esta opinión. «Debe haber centros de seguridad, pero es necesario que se dote de más recursos públicos a la atención sanitaria de estas personas. La asistencia está muy mal y el seguimiento de enfermos crónicos es muy malo. Tampoco hay psiquiatras suficientes para la atención domiciliaria», afirma.

Este experto, como la mayoría de los consultados, considera imprescindible la implicación de las instituciones en este asunto y cree que la descentralización de las unidades penitenciarias, aunque el Estado continuara asumiendo las competencias, favorecería la rehabilitación de los pacientes.

El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, Enrique Terrachet, secunda esa postura: «La mayoría de estos delitos se cometen en el ámbito familiar, por lo que estos enfermos, que son una población muy machacada, sufren un gran rechazo. Si a eso le unes que te vas a 500 u 800 kilómetros de tu casa...Todo esto influye mucho en su tratamiento».

Nueve especialistas

Según este representante del Ministerio Público, que giró una visita al Psiquiátrico de Fontcalent hace unas semanas, el centro «atraviesa uno de los mejores momentos de su historia» en cuanto a medios humanos y materiales, ya que cuenta con nueve psiquiatras, cuatro de ellos en plantilla y cinco a tiempo parcial.

La Asociación de Familiares confirma esa progresión, al igual que el propio director del hospital penitenciario, Miguel Martín, quien cita entre las obras para la mejora de infraestructuras las de la enfermería y la modificación del módulo 1.

Además, la dirección ha puesto en marcha un Módulo de Educación y Respeto en el módulo 3, donde participan 120 internos. Es una experiencia que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está extendiendo por toda España para mejorar la calidad de vida de los internos y aumentar su grado de responsabilidad y autonomía dentro de los centros. En el caso del psiquiátrico de Fontcalent, los internos de ese módulo se organizan en grupos de quince personas que pueden plantear sus inquietudes y peticiones a la dirección del centro. «El reto es que las celdas lleguen a estar siempre abiertas», afirma Martín.