Fuente: Hoy.es
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) ha subrayado hoy que los últimos datos sobre las cárceles de la región demuestran que la realidad cotidiana empeora de manera constante debido al hacinamiento y sin que Instituciones Penitenciarias reaccione.
En un comunicado remitido a Efe, ADHEX ha indicado que la sobreocupación es un enorme obstáculo para realizar correctamente las tareas de reeducación y reinserción, o para el tratamiento médico a una población reclusa que cuenta con un elevado número de drogodependientes.
Las celdas son espacios de dos metros cuadrados en las que conviven durante doce horas dos personas, y en algunas ocasiones incluso tres a la vez, con elevadas temperaturas en verano y muy bajas en invierno, según esta asociación.
El hacinamiento también perjudica el trabajo, ya de por sí difícil, del funcionariado de prisiones, no sólo de las personas encargadas de la vigilancia, según ha dicho, sino también del equipo de educadores, personal médico, juristas y trabajadores sociales, un número de profesionales que, además, es insuficiente.
Las tres causas principales del aumento de población reclusa son, en su opinión, que en los últimos años existe una tendencia a legislar castigando con penas privativas de libertad (nuevos delitos relacionados con violencia de género o tráfico), los presos preventivos y la reincidencia, debido a que no hay una política de reeducación.
La situación de las mujeres reclusas en Extremadura merece una atención aparte, a su juicio, ya que, al no disponer de instalaciones específicas para ellas, las que están en situación preventiva (a la espera de juicio) están conviviendo en el mismo espacio con las cumplen condena, lo que incumple la ley.
Asimismo, ADHEX ha criticado que se destaque el aumento de población reclusa extranjera sin atender a algunas circunstancias significativas, como que muchas de estas personas están en situación preventiva porque no se les concede con la misma facilidad que a una española la posibilidad de libertad bajo fianza, para evitar el riesgo de fuga.
Además, les resulta más difícil acceder a otros beneficios penitenciarios -permisos, traslados o tercer grado- porque en ocasiones no pueden justificar un domicilio, ha añadido.