Fuente: elmundo.lacronica.com
La implantación del grupo de funcionarios dedicado a controlar a los internos islamistas para combatir la radicalización de sus posturas en las cárceles españolas ha tensado todavía más si cabe las maltrechas relaciones entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los trabajadores de los centros, que ya lo han calificado de “chapuza”.
Hay mucho malestar con el departamento de Mercedes Gallizo por la improvisación con la que ha echado a andar lo que pretende ser un servicio de información tras las rejas y, sobre todo, por la forma en la que se ha elegido a los trabajadores que supervisan esta iniciativa, a los que se presupone expertos en la materia.
Fuentes penitenciarias denunciaron que la selección se ha realizado “a dedo” y que no ha habido ningún tipo de concurso. Según ha podido saber este periódico, estos funcionarios cuentan con un curso de formación de 20 horas, no tienen nociones de árabe y operan con un manual que no es el oficial de la Unión Europea, además de cobrar un plus de nocturnidad y fines de semana cuando su horario va desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde de lunes a viernes. Medio centenar de trabajadores integran esta plantilla.
Once son los centros penitenciarios que cuentan ya con este equipo –Alicante II (en Villena), Valdemoro (Madrid), Topas (Salamanca), A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña), Puerto III (Cádiz), Dueñas (Palencia), Albolote (Granada), Huelva, Villabona (Asturias) y Aranjuez (Madrid)- pero la intención de Instituciones Penitenciarias es extenderlo a otras doce prisiones hasta alcanzar veintitrés.
Los denunciantes criticaron duramente la actitud del Gobierno en esta área y le acusaron de no abordarla con la seriedad que requiere. Para ello, rescataron un ejemplo que radiografía los cimientos de su protesta y que evidencia, puntualizaron, la “desidia” de la Adminsitración en esta parcela
Ningún representante de Prisiones acudió a los cuatro encuentros –Berlín, Viena y París (2)- que organizaron el año pasado los países que ya trabajan en el área para compartir directrices. Esta ausencia, subrayaron, pone en un grave riesgo el espíritu de control con el que nació el grupo. La guía aprobada por la UE, que es el libro de cabecera de estos comandos, detalla un listado de publicaciones que, en manos de los presos, podría ser la antesala de un giro en su comportamiento hacia actitudes más radicales.
“En España, como se trabaja con un texto de andar por casa, los funcionarios desconocen cuáles son esas revistas”, añadieron. “Es necesario que desde la actual Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se tome en serio el problema del terrorismo islamista en prisión, la radicalización de determinados grupos de origen musulmán, para una vez que salgan en libertad puedan estar dispuestos a cometer atentados”, reivindicaron.
Por último, insistieron en la necesidad de interacción entre todos los países. “Está claro que un país en solitario no puede combatir este fenómeno y que es necesaria una acción conjunta, por eso el manual de buenas prácticas de la Unión Europea que ha sido elaborado por un grupo de expertos es una muy buena herramienta de lucha, sin embargo los altos cargos en Interior no son conscientes del problema”.