Fuente: Diario crítico de Valencia

Además, criticó que "el número de internos del centro se ha duplicado en los últimos años", puesto que "el hecho de que los centros penitenciarios de régimen ordinario estén desbordados, ha hecho que sean clasificados en este grado internos que de otra forma nunca hubieran sido destinados".

Según informaron fuentes del sindicato en un comunicado, en el centro -creado en 1993 e integrado en el complejo penitenciario de Picassent- se alberga a los internos que están clasificados en Tercer Grado, y que, en teoría, están más próximos a salir en libertad. No obstante, señalaron que "nunca estuvo muy claro si se trataba de un centro independiente o no" ya que -explicaron- dispone de director y plantilla de funcionarios propia, pero su presupuesto estaba dentro del destinado a todo el complejo penitenciario de Picassent.

Al respecto, señalaron que en 2007 se publicó en una Orden Ministerial por la que el Centro de Inserción Social de Valencia pasaba a ser un centro penitenciario completamente independiente y denunciaron que "continúa sin tener unas cantidades económicas propias, ni se le ha dotado con efectivos que permitan cumplir, más de año y medio después, con esa orden".

Así, comentaron que "el hecho de que durante muchos años no haya dispuesto de un presupuesto de obras y reparaciones propio, unido a la deficiente calidad de construcción, hace que en la actualidad haya zonas que parezcan más propias de una zona de guerra".

En esta línea, añadió que el aumento de reclusos supone "un riesgo en el interior y exterior del centro, dado que estos internos salen muy frecuentemente de permiso o a trabajar durante el día". En este sentido, explicaron que "uno de ellos, la pasada semana, agredió a una mujer en Valencia para arrebatarle el bolso".

Funcionarios

Respecto a los trabajadores, manifestaron que, "aunque se hubiera dotado de los funcionarios necesarios, no habría donde meterlos, porque en las oficinas existentes, dimensionadas para un centro más pequeño, literalmente no caben". A este "maltrato al que desde Instituciones Penitenciarias en Madrid se viene sometiendo al centro", se suma la "insuficiencia de personal de vigilancia, que impide que los funcionarios de servicio interior sean los únicos de España que no pueden desarrollar su labor en el horario homologado que ellos han votado", algo por lo que "ha sido necesario acudir a la vía contencioso-administrativa".

Además, consideran que el número de funcionarios de oficinas es "claramente insuficiente" para tramitar los expedientes, cuyo número es "muy superior al de cualquier otro centro penitenciario de España, a pesar de que la remuneración que perciben es sensiblemente inferior". En este aspecto, lamentaron que se provoca un "círculo vicioso" en el que la dificultad para cubrir las vacantes genera más peticiones para abandonar esos puestos.

Igualmente, denunciaron que los funcionarios que trabajan en los Servicios Sociales Penitenciarios están "desbordados", ya que "se mantiene el mismo número desde su creación" y que no se han creado puestos de trabajo de quienes realizan el seguimiento de los "más de 200 internos", pese a que estos son controlados mediante pulseras electrónicas".