Fuente: ideal.es
La delegación de Medio Ambiente y la prisión provincial ultiman un acuerdo para que los condenados a penas alternativas a la cárcel puedan llevar a cabo estos trabajos en tareas relacionadas con la naturaleza. Los máximos responsables de las dos instituciones, el delegado Javier Aragón y el director de la prisión Naúm Álvarez, ya han mantenido reuniones en este sentido y los jefes de área de Medio Ambiente estudian ahora en qué tareas concretas podrían incorporarse a trabajar los condenados.
Javier Aragón tiene ya experiencia en este tipo de convenios que firman organismos públicos y oenegés con Instituciones Penitenciarias para las penas alternativas, puesto que siendo alcalde de Las Gabias su ayuntamiento firmó uno de estos convenios.
Aquella positiva experiencia ha sido clave para retomar la colaboración desde la delegación. El caso de Medio Ambiente servirá como experiencia piloto, «y si funciona bien en esta delegación, la idea es que se extienda al resto de delegaciones de la Junta», apuntó Aragón, que también ha mantenido reuniones con el delegado de la Junta en Granada, Jesús Huertas.
De momento, no han precisado cuantas personas podrían pasar por la delegación de Medio Ambiente para llevar cumplir sus condenas alternativas.
El director de la prisión, Naúm Álvarez, explicó que para llevar a cabo este acuerdo se firman convenios con los organismos dispuestos a colaborar, ya que cada institución se hace cargo de dar de alta en la Seguridad Social a los condenados mientras llevan a cabo los trabajos alternativos a la condena. En el caso de Medio Ambiente, pueden ir desde la limpieza de veredas a la reforestación de áreas quemadas.
«Una de las cosas a tener en cuenta es que necesitamos personal nuestro para que supervise esos trabajos», apuntó Aragón. El delegado destacó que en ningún caso este convenio supondrá recortes del personal propio para las tareas de la delegación que dirige.
Los trabajos no son remunerados, pero sí hay cobertura de la Seguridad Social durante la realización de la actividad por las contingencias de enfermedad profesional y accidente de trabajo. Así, el organismo en el que se desarrollan las tareas da de alta a los penados en el sistema de Seguridad Social.
En el convenio que firman Instituciones Penitenciarias y las distintas entidades suele especificarse la tarea concreta, el horario y si es necesaria alguna remuneración.
En la provincia ya hay otros ayuntamientos en los que se llevan a cabo estas penas alternativas, que evitan que los condenados entren en prisión.
Faltan plazas
Hace unas semanas, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertaba de que sólo el 35% de las cuarenta mil personas condenadas en toda España a penas de trabajos en beneficio de la comunidad estaba cumpliendo sus condenas ante la falta de plazas que deberían ofertar las distintas administraciones.
Para la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, esta fórmula resulta especialmente adecuada para el caso de los conductores que cometan delitos relacionados con el tráfico y que rediman sus penas mediante el desarrollo de labores destinadas a la mejora de la seguridad vial.
No obstante, subrayó, la implantación «eficaz» de este sistema requiere de un mayor grado de cumplimiento de las penas por parte de los condenados por estos delitos y hace necesaria una mayor colaboración de todas las administraciones (central, autonómica y local) para que provean plazas para realizar estas tareas.