Fuente: abc.es

SANTA CRUZ. El fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, Vicente Garrido García, insistió ayer en la necesidad de desbloquear la situación de los nuevos centros penitenciarios en Gran Canaria y Fuerteventura, así como la ampliación de la prisión de Lanzarote, para superar la situación de «saturación absoluta» de las prisiones en Canarias, que está obligando al traslado de presos canarios a centros de la Península.

«Nuestro trabajo no sirve de nada si no se consiguen los fines constitucionales de la integración social» de estas personas, lamentó Garrido, quien remarcó que la saturación de las prisiones en las Islas impide desarrollar esta acción y están llevando a la «perniciosa y lamentable» situación del traslado de presos.

Así lo indicó el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido García, durante su comparecencia ayer en comisión parlamentaria para presentar la memoria del año 2007, en el que se iniciaron 242.579 procedimientos penales, lo que supuso un incremento del 5 por ciento con respecto a 2006 (11.558 procedimientos más).

Un incremento que revela una «cierta ralentización» con respecto a los registrados en los tres años anteriores y que se da en las dos fiscalías provinciales, con 134.616 procedimientos realizados en la de Las Palmas (5,5 por ciento) y 107.067 procedimientos (4,6 por ciento) en la tinerfeña.

Vicente Garrido apuntó que los delitos de lesiones (69.000 diligencias) representan el 32 por ciento de las diligencias iniciadas, de los que 12.000 fueron por investigación por comportamientos imprudentes vinculados a la seguridad vial u otros supuestos como la siniestralidad laboral.

Por otro lado, Garrido desveló que son los hechos contra el patrimonio los que representan el mayor número de delitos, con un total de 94.976 diligencias, lo que supone un aumento del 8,79 por ciento se rompe esa «esperanzadora tendenciar» de años anteriores.

El fiscal destacó que las diligencias investigadoras abiertas, que dijo evidencian la implicación activa de la fiscalía sobre hechos delictivos cualquiera que sea su naturaleza. Indicó que se iniciaron 497 diligencias de investigación, lo que supone más del 12 por ciento con respecto a 2006.

Patrimonio y Medio Ambiente.

De éstas, un total de 83 procedimientos fueron por delitos contra el patrimonio y Medio Ambiente, unas secciones en las que destacó que la especialización está siendo fundamental para mejorar la persecución de estos delitos, sobre todo los relacionados con el Medio Ambiente y urbanismo.

Al respecto, indicó que la protección del medio ambiente «continúa siendo una prioridad fundamental», ya que estimó «debe ser una aspiración máxima» en este territorio «tan limitado». Sobre este punto, destacó el aumento «moderadamente significativo» el número de 15 sentencias dictadas en esta materia, de las que 14 fueron condenatorias.

En cuanto a la situación de los menores, «a pesar de los esfuerzos de las autoridades», afirmó que siguen siendo necesarios más centros y espacios de convivencia, así como instalaciones para jóvenes con trastornos de conducta para los que los actuales medios «son manifiestamente insuficientes». El fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias también reclamó más personal y más esfuerzo para la acción de prevención en las familias y en el entorno social para evitar la comisión de hechos delictivos por menores de edad.