Fuente: abc.es

El caso protagonizado por el preso de permiso Maximino Couto el pasado sábado en Pontevedra ha sido el primer fracaso del sistema de GPS que utiliza la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para controlar a presos con un perfil de riesgo alto en sus permisos carcelarios.

Sin embargo, el suceso, que acabó con la muerte de la que era compañera del interno y varios heridos, ha puesto el foco sobre la eficacia de este tipo de controles, que Prisiones está dispuesta a potenciar como medida para luchar contra la masificación carcelaria y también, lógicamente, por el ahorro económico que supone. Se trata, además, de una tendencia que se va extendiendo por los países más avanzados no sólo de Europa, sino también de Estados Unidos. Allí, Barack Obama ha encargado un estudio para aplicar estos dispositivos a miles de reclusos.

La pregunta, en cualquier caso, es si estos sistemas son eficaces y seguros. La mejor respuesta está en el análisis de cada uno de los dispositivos que se utilizan, que dependen de la Subdirección General de Medio Abierto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias:
Control telemático. Se trata de un sistema fijo en el que se coloca un receptor en la casa del recluso y una pulsera o tobillera que emite las señales para que ese artilugio las recoja. Los datos son enviados al centro penitenciario del que depende el interno y también a la Unidad de Vigilancia Electrónica de los servicios centrales de Prisiones. Se trata de un dispositivo que indica la presencia del preso en su vivienda en los horarios que se le fijan y los datos pueden transmitirse por línea fija de teléfono, red de móviles y de grupos. Asimismo, con este sistema se puede comprobar la presencia del implicado en su puesto de trabajo, a través de una unidad móvil que detecta la pulsera a unos 100 metros de distancia. El sistema detecta cualquier incidencia, como puede ser que el recluso se quite la pulsera, desconecte el receptor e incluso si se va la luz o hay problemas con la línea telefónica. Es el centro penitenciario el que debe corregir la incidencia, pero si no lo hace se les da la orden de hacerlo desde la Unidad de Vigilancia Electrónica.El control por satélite sólo se utiliza con presos de perfil de riesgo a los que se concede un permiso Desde 2000 han sido más de 7.000 los presos que han tenido este dispositivo y en todo este tiempo el índice de fracasos se sitúa en torno al dos por ciento. Está pensado para internos bien adaptados, que llevan ya tiempo en régimen abierto, para aquellos que deben atender a su familia, los que lo necesitan por trabajo, hayan cometido delitos poco importantes, sean primarios y estén en la última parte de la condena. Los maltratadores, salvo alguna excepción, no son candidatos a este programa.

Seguimiento por GPS. Está pensado para reclusos con un perfil de riesgo y el seguimiento se hace desde la Unidad Central de Vigilancia. No está pensado para presos en tercer grado y en realidad se trata de un sistema que añade más elementos de seguridad a las medidas que habitualmente se toman y tiene claros efectos disuasorios para el preso.

Los usuarios son reclusos en segundo grado que disfrutan de permisos cortos de salida, en torno a los tres o cuatro días y que siempre están autorizados por el juez de vigilancia penitenciaria, en ocasiones incluso en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias.

Antes de que el interno salga a la calle se cumple un protocolo estricto: hay que informar a las Fuerzas de Seguridad de la zona donde va a estar y en caso de que se trate de un recluso de violencia de género hay que avisar a la víctima si es que tiene orden de alejamiento y a las unidades de violencia de género de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

El dispositivo está formado por una tobillera y una unidad que se coloca en la cintura y permite tener al preso permanentemente localizado. Además, permite determinar zonas de exclusión donde el interno no puede entrar.

Si el implicado se quita uno de los dos artilugios, como ocurrió en Pontevedra, el sistema lo detecta y lo avisa en pantalla. No obstante, en ocasiones hay pérdidas de señal y en ese caso se espera unos minutos porque el recluso puede haber entrado en un túnel o en una zona oscura.

De persistir la incidencia dos o tres minutos, el funcionario debe llamar al recluso, lo mismo que si se detecta que va a entrar en una de las zonas de exclusión o lo hace. Desde 2005 lo han utilizado 150 individuos y nunca se había producido un fracaso hasta el del pasado sábado.

Verificación de voz. Está pensado para aquellos que cumplen penas que sustituyen a los antiguos arrestos domiciliarios, que tienen una duración de entre cuatro y siete días. Al implicado se le hacen pruebas de reconocimiento de voz que quedan grabadas en el sistema.

De forma aleatoria el dispositivo llama al individuo a su casa y le hace una serie de preguntas ya establecidas. Si no le reconoce la voz, un funcionario vuelve a llamar a su casa y le repite la prueba. De persistir la incidencia se da aviso a las Fuerzas de Seguridad. Lo utilizan unas quince personas diarias de media y el control lo lleva la Unidad de Vigilancia Electrónica. Los delitos de los que lo utilizan son de muy poca gravedad.

La Subdirección General de Medio Abierto de Prisiones cree que es necesaria una modificación legal para que se pueda sacar todo el potencial a estos sistemas. En concreto, el mayor campo de actuación se presenta en los presos preventivos, muchos de los cuales podrían cumplir en medio abierto hasta que se celebre el juicio.

Obviamente, ese tiempo también se les debería de descontar de su condena. Se calcula que unos 7.000 internos podrían beneficiarse de esta reforma, lo que aliviaría la situación en las cárceles. El perfil sería reclusos que se enfrentan a una pena pequeña, que no presenten riesgo de fuga y que su delito no haya generado una alarma social. Corresponde al CGPJ y al Ministerio de Justicia estudiar este asunto.