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La masificación que arrastra la vetusta cárcel de Pamplona ha dado otro salto cualitativo. Si hace unos meses los trabajadores del centro dieron la voz de alarma cuando la población reclusa superaba la cifra de 250 internos, los datos más recientes indican que ese número se ha incrementado hasta los 280 presos, incluidos aquéllos que disfrutan del tercer grado o se encuentran en libertad condicional, lo que lleva al centro penitenciario hasta el mismo borde del colapso, con el agotamiento del espacio disponible y la consiguiente repercusión en el funcionamiento de los servicios.

Colectivos de apoyo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, o el fiscal superior de Navarra, Javier Muñoz, se vienen haciendo eco de la acuciante necesidad de modernizar estas instalaciones y acelerar la construcción del nuevo centro en la colina de Santa Lucía. La Administración del Estado sigue dando los pasos para acometer esta dotación, pero el Ayuntamiento de Pamplona ha impedido el comienzo de las obras, que también cuenta con oposición vecinal por la ubicación en una zona de reserva paisajística.

Los sindicatos mayoritarios, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ya denunciaron en abril "la alarmante situación de hacinamiento e inseguridad" en la que se encontraba el centro. En aquellos momentos, eran 253 los internos que albergaba la prisión situada en el barrio de San Juan.

Los trabajadores solicitaron entonces el traslado de población reclusa a otros centros con el fin de aliviar la masificación existente, petición que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias asumió de forma parcial, lo que hizo que la situación mejorase. El recuento realizado durante el verano situaba la población en 234 presos, un alivio que no se ha prolongado en el tiempo.

Hace una semana se llegaron a contabilizar un total de 279 internos (60 de ellos dependientes de la Sección Abierta), lo que según los criterios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, eleva la tasa de ocupación hasta el 279% (es el cociente entre número de internos dependientes del centro y el número de celdas). El citado índice sitúa a la cárcel de Pamplona como uno de los centros penitenciarios más saturados de todo el Estado.

Entre los internos que se contabilizan figuran igualmente los que dependen de la sección abierta, es decir, aquellos que disfrutan del tercer grado penitenciario o se encuentran en libertad condicional, así como aquellos que no permanecen recluidos en el centro debido al padecimiento de un problema de salud grave. Aunque parte de estos reclusos no duermen en la cárcel los fines de semana, si que generan una carga de trabajo burocrática elevada, que se añade a la actividad propia del resto de los internos.

Aunque la ocupación de la prisión es variable, y surge de la puesta en libertad y del internamiento de reclusos, el centenar de celdas que la componen se encuentran permanentemente ocupadas, con dos internos alojados en cada una de ellas. Las dos enfermerías también alojan hasta una docena de presos, pero el número de plazas libres tiende a cero.

Además del elevado número de reclusos, la concurrencia de internos de hasta una veintena de nacionalidades agrava el hecho mismo de la masificación, puesto que obliga a convivir diariamente en un ámbito muy reducido y, en muchos casos, incluso a compartir celda, a personas con muy diferentes costumbres, lenguas y modos de vida.

mayor inseguridad Esta circunstancia ha supuesto durante los últimos años una incremento de la conflictividad, y ha convertido en frecuentes las peleas entre internos e incluso casos de amenazas y agresiones a funcionarios. La falta de espacio y la inseguridad se une el hecho de que las instalaciones tienen más de cien años de antigüedad y son unas de las más viejas y obsoletas con las que cuenta la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, lo que ha obligado a la realización permanente de obras que permitan contrarrestar su deterioro.

Al trabajar en las citadas circunstancias, resulta imposible para los funcionarios garantizar una condiciones mínimas de seguridad, tanto para los reclusos como para ellos mismos y supone una sobrecarga de trabajo que aumenta los niveles de estrés y desgaste psicológico intrínsecos a la profesión.