Por tanto, el nuevo reglamento afectará a más de un millón de trabajadores, entre los 700.000 contratados por la Administración y los 328.000 empleados en empresas públicas y consorcios del país, según los datos de la última EPA.

Los sindicatos tachan de "discriminatoria" la propuesta al afectar sólo al personal laboral. "El empleado público es único, compuesto por personal laboral y funcionario, y habrá de determinarse, so pena de incurrir en arbitrariedad qué puestos de trabajo, no qué régimen jurídico, son los no precisos", denuncia el documento de observaciones de UGT y CCOO sobre el proyecto del Real Decreto.

Además, el texto enviado por el Gobierno a los sindicatos concreta las causas económicas para realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre el personal laboral. Así, lo justifica "cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos" y fija esa "insuficiencia" en una caída del 10% de la aportación presupuestaria del Estado a la administración regional, entes, empresas públicas y otros organismos respecto al año anterior.

"La Administración será juez y parte", denuncia el principal sindicato de funcionarios, CSI-F, quien rechaza que "se pueda llevar a cabo un ERE en la Administración, cuando la disminución del presupuesto depende de ella", informa Servimedia.

Asimismo, hace extensiva la norma de aplicación en el sector privado para justificar ERES cuando haya una caída de ingresos durante tres trimestres.

En este sentido, los sindicatos denuncian también la "indefensión" del personal laboral ya que el reglamento no deja capacidad de negociación a los afectados, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado.

UGT y CCOO remitieron el lunes al Gobierno sus alegaciones al proyecto de Real Decreto recibido el pasado 27 de julio en el que se regula las condiciones de despido colectivo en el ámbito de las Administraciones Públicas.