De hecho desde enero en la cárcel de Alhaurín se han registrado 120 incidentes muy graves, que han llevado al aislamiento durante 14 días de otros tantos internos, según un informe interno elaborado por el sindicato de funcionarios Acaip, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga.
Según el documento, en los primeros nueve meses de 2012 se registraron 88 agresiones entre reclusos, además de siete ataques a funcionarios y 18 altercados en los que hubo que hacer frente a la grave resistencia de los presos. Finalmente, la estadística recoge otros siete altercados de diversa índole que llevaron a la dirección del centro a aislar a los presos que intervinieron en los mismos.
Las cifras suponen, según los funcionarios, que la cárcel de Alhaurín fue escenario de un incidente de gravedad «cada dos días», incluidas las citadas agresiones a funcionarios, que concluyeron con nueve trabajadores de la prisión lesionados.
La escasez de funcionarios lleva a que la desproporción numérica con los internos sea excesiva la mayor parte de los días, llegando a trabajar «el 90% de las jornadas» dos funcionarios por módulo, cuando en cada módulo habitan unos 140 presos, según Acaip.
Desde julio de 2011, además, han fallecido en la cárcel cinco internos sin signos de violencia ni patologías previas, lo que lleva a los responsables del sindicato a asegurar que la causa de sus muertes guarda relación con el consumo de sustancias estupefacientes, extremo que ha sido insistentemente negado por la dirección del centro.
Las sospechas de los funcionarios se basan en que las incautaciones de droga en la prisión han aumentado «sustancialmente», según el sindicato, que recuerda que otros reclusos que no han fallecido han tenido que ser evacuados a un centro hospitalario por sobredosis. El escrito de Acaip advierte de que «mientras no se corten las vías de entrada no se podrá poner solución al problema».
Al problema de la entrada de drogas a la cárcel hay que sumar, además, la elevada cantidad de fármacos psicotrópicos y metadona que se dispensa a los internos en el centro penitenciario.
En el informe se hace mención además de la creciente intervención de teléfonos móviles a los presos, que los funcionarios relacionan con el hecho de que los inhibidores de frecuencia dejasen de funcionar «aparentemente hace más de un año». A juicio de Acaip, «es evidente que los internos no se arriesgarían a introducir y poseer un objeto prohibido si no lo pudieran usar».
A la escasez de personal y a la masificada población de presos, que supera los 1.400, hay que sumar que más de un 20% de los ingresos se producen durante el servicio nocturno, cuando un solo funcionario debe hacerse cargo de los internos. Según Acaip, se trata de un momento «peligroso», en el que el reo puede «resultar impredecible» por lo traumático de la situación.
El sindicato se refiere también a los problemas de abastecimiento de agua potable sufridos por el centro, que han generado importantes altercados entre los internos. El clima entre los funcionarios es de «crispación», lo que según Acaip «no augura nada bueno».