En esto, el Partido Popular y Convergència i Unió han estado unidos. La iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de ámbitos como la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso ha partido de los nacionalistas catalanes. La proposición no de ley, debatida en la Comisión de Interior del Congreso, la apoyó el PP, que la ha incluido en el desarrollo de la reforma de la Ley de Seguridad Privada.

En Interior consideran además que, en medio del escándalo del Madrid Arena, los cambios legislativos que afecten a las empresas y los agentes privados darán respuesta a cuestiones de coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, planificación, formación y eliminación del intrusismo y del resto de la picaresca del sector, que lleva a que haya personal o ciertas firmas cumpliendo funciones para las que no están preparados.

El PP considera que la legislación actual en materia de seguridad privada se ha quedado “obsoleta”, pues la norma fundamental data de 1992, y tres reformas legislativas y varias órdenes ministeriales y resoluciones no han sido suficientes, en opinión de los populares.