La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ibiza, Carmen Martín, dictó el pasado 19 de enero el auto de apertura de juicio oral contra Vega Alocén y quienes cuando ocurrieron los hechos, en 2009, ocupaban los cargos de subdirector y educador de la cárcel.

La Fiscalía solo acusa al director y al exsubdirector por prevaricación administrativa y solicita que ambos sean inhabilitados para empleo o cargo público por un periodo de siete años. De forma alternativa, la acusación pública pide una condena por un delito de sustracción u ocultación de documentos, para el que demanda un año de prisión, una multa de 3.150 euros y la inhabilitación durante tres años.

Por su parte, la acusación particular se dirige contra Vega Alocén, el exsubdirector y el educador y les acusa de cuatro delitos distintos. En primer lugar por prevaricación, por lo que piden que se les inhabilite durante diez años; aunque se incluye como delitos alternativos usurpación de funciones públicas (dos años de prisión) o usurpación de atribuciones (dos años de cárcel, multa de 4.050 euros e inhabilitación durante nueve años). Asimismo, se les acusa de sustracción u ocultación de documento público (dos años de prisión, 8.100 euros de multa y tres años de inhabilitación), de alteración de documento público (tres años de prisión, multa de 8.100 euros y cuatro años de inhabilitación) y de un cuarto delito de simulación de documento (tres años de cárcel).

En el auto, la juez también impone a los acusados el pago de una fianza conjunta, a abonar en el plazo de «una audiencia» –no se detalla la cantidad de días–, de un total de 20.255 euros, para «asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles».

A este respecto, Vega Alocén indicó que la fianza ha sido recurrida. «Seguramente la eliminen o pondrán una mucho más pequeña», resaltó el director del centro penitenciario, quien apuntó que hasta que no se resuelva el recurso no deberán abonarla. En caso de no pagarla, según el auto judicial, se procederá al embargo de los bienes de los acusados en cantidad suficiente para hacerle frente.

El relato de los hechos
Los hechos ocurrieron en 2009. Según la acusación pública, el 15 de junio de ese año se incoó con el acuerdo del director un expediente contra un recluso, A. M., por su comportamiento violento, tras agredir al parecer a otro.

El director de la cárcel nombró instructor del caso a un funcionario que formuló un pliego de cargos en el que calificó la agresión como constitutiva de una falta muy grave, apunta la Fiscalía. Sin embargo, Vega Alocén ordenó después eliminar dicho expediente, lo que fue ejecutado por el exsubdirector.

«El primero [el director] ordenó y se encargó de ejecutar el segundo [el entonces subdirector, F. L. G.], eliminar y hacer desaparecer dicho expediente disciplinario, prescindiendo ambos en sus decisiones de una forma absoluta, total y manifiesta del procedimiento establecido en el Reglamento Penitenciario», señala el escrito de acusación del fiscal. Añade que los dos «eran conscientes de que con dicha conducta se arrogaban una facultad y competencia que no les correspondía, sino que impedían con la misma la investigación de los hechos ocurridos».

«El expediente se incoó por error con mi firma pero ordené que se anulase», dijo el director en 2012 cuando prestó declaración.