El acordado este miércoles por la Audiencia Nacional será el tercer permiso del que va a disfrutar Urrusolo, que cumple condena desde 1992 en la prisión de Nanclares de Oca (Álava), acusado de 16 asesinatos y dos secuestros. La Sala de lo Penal de la Audiciona Nacional, que decidió la concesión del permiso por unanimidad —aunque en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias y del juez de Vigilancia Penitenciaria—, ha tenido en cuenta el hecho de que Sistiaga, expulsado de la banda, rechazara la violencia y haya reconocido el daño que causó. Elementos todos ellos que el tribunal también valoró el pasado mes de mayo, la última vez que estalló el debate sobre los permisos penitenciarios a presos de ETA.
En esa ocasión la mecha la prendieron los dos permisos, de tres y seis días, que se le otorgaron al etarra Valentín Lasarte, condenado por siete asesinatos, entre ellos los del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez y del socialista Fernando Múgica. El primero de los permisos fue concedido por la AN, en contra del criterio de Interior, la Fiscalía y el juez José Luis Castro. El segundo lo otorgó el propio Castro, esta vez en contra de la opinión de Instituciones Penitenciarias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tachó el permiso de «esperpéntico» y llegó a preguntarse «¿a quién le toca el próximo?».
Beneficios para la Vía Nanclares
A la pregunta no le falta fundamento, al igual que a la lista de presos de ETA que han disfrutado de polémicos permisos penitenciarios no le faltan nombres. El permiso es, según Instituciones Penitenciarias, un «instrumento idóneo para la preparación de la vida en libertad». Es también uno de los beneficios de los que pueden disfrutar los presos etarras acogidos a la denominada Vía Nanclares, es decir, aquellos que forman parte de un programa especial de reinserción creado para los etarras que hayan dado señales inequívocas de haberse desligado del entorno de ETA.
Aún así, la puesta en libertad de un preso etarra, aunque sea por un par de días y bajo vigilancia, siempre genera alarma. Ocurrió con Lasarte, pero también con los permisos penitenciarios concedidos a otros miembros históricos de la banda, como Kepa Pikabea, condenado a 192 años de cárcel, o Carmen Gisasola, vinculada a una veintena de asesinatos. Entre 2009 y 2010 Pikabea disfrutó de cuatro permisos penitenciarios, aunque el pasado mes de marzo el Ministerio del Interior rechazó concederle el tercer grado. Y en 2012, fue el Gobierno vasco de Patxi López quien generó la polémica al pedir un permiso penitenciario, que Interior denegó, para que Guisasola participara en Bilbao en un congreso sobre «Memoria y Convivencia»