En su auto, el magistrado Jose Luis Castro explica que "puede convenirse que esta situación se califique de inusual, pero no puede obviarse que la legislación permite facultativamente al juez comprobar la evolución del liberado condicional, sin que ello suponga prejuzgar la situación jurídica en la que se encuentra".
Y añade, tampoco "los efectos que se puedan derivar de la misma, máxime cuando la situación de enfermedad fue lo que permitió acceder al tercer grado y posterior libertad condicional por motivos humanitarios".
Además, recuerda que en el auto de libertad condicional del etarra que cumplía condena, entre otras causas, por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Lara, se recogía la obligación de comunicarle cualquier novedad referida a la evolución del tratamiento medico, por lo que el juez "no solamente debe tomar conocimiento y autorizar las consultas medicas a tal efecto, sino que debe también estar informado del estado de salud del penado, requiriendo para ello cuantos informes estime oportunos".
Esta decisión se produce casi un año después de que el etarra obtuviese la libertad condicional, después de que Interior promoviese el tercer grado de Bolinaga fundamentado en un informe médico en el que se le pronosticaba una esperanza de vida de doce meses más.
Castro pidió un "informe detallado"
Castro encargó el "informe detallado", atendiendo a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que se hiciera una "nueva evaluación de las circunstancias que concurren en el enfermo, pues ya ha sido objeto de tratamiento" durante los once meses que lleva en libertad condicional.
El fiscal del caso, Pedro Rubira, hizo esta solicitud tras conocer el último informe médico del Hospital Donostia, dónde Bolinaga está siendo tratado, y que mantenía que el cáncer que padece es irreversible y no puede ser tratado en prisión.
Instituciones Penitenciarias fue la que reclamó al hospital ese último informe, al haber transcurrido en junio diez meses del que emitió en agosto y que señalaba que la supervivencia de un enfermo de sus características era de una media de nueve meses.
La Fiscalía recela de ese último informe porque, según el escrito que Rubira dirigió a Castro, "lo que no se alcanza a entender, y resulta difícilmente inexplicable, es que no haya variado el pronóstico vital", transcurrido el tiempo de media que le dio de vida y habiéndose sometido a un tratamiento.
"Nos encontramos, por tanto, ante una afirmación que científicamente no se sostiene, puesto que equivale a negar cualquier posibilidad curativa al tratamiento", observaba el fiscal, al añadir que todo apunta "para bien del enfermo, que la supervivencia del penado lleva camino de superar todos los registros conocidos"