En los razonamientos jurídicos, el magistrado señala que "en la muerte del interno no tuvo incidencia penal alguna lo hecho -por acción- o no hecho -por omisión- por el personal responsable del centro penitenciario y que el fatal desenlace tuvo como única causa la decisión voluntaria de este preso de quitarse la vida".

A lo largo del proceso de diligencias el magistrado interrogó a una decena personas, aunque básicamente ha tenido en cuenta, las explicaciones dadas por los funcionarios y médicos del centro.

En su explicación señala que no había motivo para pensar que Carlos Silva iba a intentar suicidarse.

Apunta además que los funcionarios, tras descubrir el cuerpo tuvieron una intervención "diligente y veloz".

Más adelante apostilla que la intervención de los servicios médicos del centro penitenciario actuaron de forma "ejemplar, veloz y adecuada".

Sobre las declaraciones de otros presos, el magistrado afirma que "sus versiones resultan contradictorias a la vez que, en algún caso, provistas de una clara intencionalidad o subjetividad que hace que deban ser valoradas con mucha cautela".

En este sentido la diligencia recoge incluso un testimonio que afirmó que un guardia había matado la noche anterior a Carlos Silva y "luego se simuló su muerte en forma de suicidio".

Silva fue encontrado ahorcado en su celda el 27 de abril y, posteriormente evacuado al hospital Mateu Orfila para tratar de reanimarle.

Allí se le declaró la muerte cerebral y pocos días después falleció.

Ese mismo año otro preso, Oliver Esteban, también murió por un suicidio. Su familia descartó abrir una investigación tras las explicaciones dadas por el director de la cárcel.