El consistorio exigía el Estado que pasara la Inspección Técnica de Edificios (ITE), un requisito que deben cumplir todos los inmuebles de más de cuatro décadas y que ahora también le demanda el Ayuntamiento al Estado, sobre todo después de que Interior reiterara sus negativas a la cesión gratuita del inmueble. «Se le insta a que proceda a las reparaciones necesarias para mantenerlo en las mejores condiciones», dijo ayer el alcalde, Carlos Negreira, quien también apuntó que se había enviado hasta el lugar a técnicos municipales para comprobar el estado de la vieja cárcel tras los últimos desprendimientos de una de sus fachadas.

«La ITE no la han presentado todavía, pero están en plazo para poder hacerlo», explicaba ayer el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, quien cree que la disputa entre administraciones se acabará resolviendo por la vía judicial.

De fondo está un convenio del año 2005, según el cual el Ayuntamiento, además de ceder un terreno para la apertura de otro servicio de Instituciones Penitenciarias en el entorno, se comprometía a adquirir la parcela y el edificio por 1,2 millones de euros. «En la valoración del precio también debe entrar el estado en que se encuentra el edificio», dijo Fernández Prado, quien entiende que con la cárcel cerca de la ruina, el precio es menor.

Más allá de eso insistió, al igual que lo hizo el alcalde, en que el consistorio no está dispuesto a pagar y exige a los titulares la cesión gratuita o que mantenga la vieja prisión en condiciones. «Los coruñeses no podemos pagar dos veces por lo mismo. Eso no puede ser. Ya pagamos la primera vez cuando se hizo la cárcel y se cedió el terreno al Estado, y no podemos volver a pagar ahora por ella», dijo Negreira, quien también cree que si finalmente no hay acuerdo habrá que recurrir a la vía judicial.