Fuente: La Voz de Galicia

Oficialmente la valoración del plan piloto implantado en 21 centros y que generó 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de doce, ocupando en ello a 254 agentes, fue positivo, lo que justifica su extensión al resto de los centros, pero a los sindicatos de funcionarios de prisiones se le ha negado el acceso al informe de evaluación porque «esta basado en datos que afectan a la seguridad de los centros».

Uno de las prisiones donde se implantó el plan piloto fue el de A Parda, en Pontevedra. El balance de los funcionarios de prisiones y guardias civiles es manos optimista que el oficial. «El sistema este no le gusta a nadie -explica Enrique Mosquera, portavoz de Acaip, el sindicato mayoritario de los funcionarios-, ni a la Guardia Civil, cuando se habla con ellos de forma particular, ni a ninguno de los funcionarios que trabajamos en los centros, a pesar de que no tenemos ninguna relación con los vigilantes.

El mismo portavoz añade que la medida «no tiene ninguna justificación, porque el servicio estaba funcionando bien». Niega categóricamente que el cambio suponga un ahorro para el erario público. «Lo único evidente -apunta- es que con esto alguien se beneficia y por eso de hace».

Rafael Sánchez, portavoz nacional de la AUGC, una de las asociaciones representativas de la Guardia Civil, cree que la seguridad privada no se incorpora como complemento sino como recambio y no solo de guardias civiles, sino también de funcionarios de prisiones. El sentir generalizado entre los agentes afectados, según el portavoz de la AUGC, es de «intranquilidad y cabreo», por el miedo a perder el destino. Recuerda que el compromiso de dejar al persona afectado en la misma ciudad es meramente verbal.