Fuente: el Norte de Castilla
El juicio, con 14 testigos, se celebrará los días 10 y 11 de febrero.
La Fiscalía de Segovia solicita penas que oscilan entre siete y doce años de cárcel para tres reclusos de nacionalidad marroquí por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa y lesiones a un funcionario del centro penitenciario de Perogordo cuando realizaba el reparto de comida de los internos. El juicio, con 14 testigos y siete peritos, se celebrará los días 10 y 11 de febrero.
Los hechos sucedieron el 17 de octubre de 2008, cuando el funcionario agredido se encontraba en la zona del comedor, donde también estaban los acusados, uno de los cuales había acudido con un pincho que él mismo se había fabricado, un punzón metálico de 19,3 centímetros de longitud, con punta afilada y un cordel rojo enrollado en su base, de forma que permitía que lo llevara oculto en su muñeca . Según relata la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, uno de los acusado se dirigió al funcionario de prisiones, que en ese momento se encontraba de espaldas, «y aprovechando la imposibilidad de defensa del mismo, y con intención de causarle la muerte, le propinó dos fuertes golpes en el cuello y en la cabeza con la bandeja de la comida».
Aturdido, el funcionario agredido pudo girarse, y en ese momento fue agarrado por la cabeza y le propinaron un fuerte cabezazo y varios puñetazos en el rostro, así como patadas en las piernas. De nuevo volvieron a golpearle con la bandeja en la cabeza, antes de que uno de los internos sacara el punzón que llevaba oculto, y que le intentó clavar en cabeza, tórax y piernas. El agredido consiguió eludir alguno de estos golpes, pero no todos, ya que fue alcanzado en la cabeza y también recibió varios impactos en la chaqueta y el costado.
Ante el revuelo, se creó un corro alrededor del funcionario, en el que también se encontraban los otros dos acusados, «que lejos de socorrer al funcionario de la agresión, y asumiendo que con ello cooperaban en que pudiera conseguir su objetivo», no solo no le prestaron ayuda sino que animaban al agresor a que continuara y matara al funcionario, a la vez que impedían que otros internos pudieran intervenir en auxilio del agredido.
No obstante, varios internos auxiliaron al funcionario y uno de ellos –que fue agredido– consiguió acceder al corro y sujetar al agresor por los brazos, consiguiendo así que el herido se liberara, saliera del comedor y consiguiera acceder al rastrillo de salida del módulo, donde obtuvo la ayuda de sus compañeros.
Uno de los acusados salió entonces en persecución del funcionario, que había conseguido resguardarse en el rastrillo de salida del módulo, y le mostró el pincho que llevaba en la mano, al tiempo que amenazaba con matar a los funcionarios que se encontraban en el lugar. Éstos le ordenaron que entregase el pincho y depusiera su actitud, a lo que respondió estrellando una silla contra el cristal.
Ante la situaron creada, se ordenó a todos los internos que volvieran a sus celdas, que fueron cerradas, mientras el acusado persistía en su actitud de no obedecer orden alguna. Una vez aislado, se le ordenó que se tumbara en el suelo, dada la actitud amenazante que mantenía ante los funcionarios, que consiguieron reducirle y conducirle al módulo de aislamiento.
Además del delito de asesinato en grado de tentativa, la Fiscalía considera que ha habido atentado en concurso medial y solicita que los tres acusados, de edades comprendidas entre 33 y 38 años, indemnicen al funcionario de forma solidaria con 10.483 euros por las lesiones. Como consecuencia de la agresión, el funcionario resultó con heridas producidas por arma blanca en costado derecho, muslo izquierdo y comisura labial izquierdo, erosiones en el cuello, contusiones en extremidades y fractura de una costilla, además de trastorno por estrés postraumático grave y síndrome ansiosodepresivo. Tardó 180 días en recuperarse de las heridas y como secuela le ha quedado un trastorno neurótico grave por estrés postraumático.