En el congreso ordinario de Acaip en
diciembre de 2016 se decidió que, si la
Administración penitenciaria no cambiaba su
actitud, no aceptaba una negociación que
reconociese nuestras legítimas
reivindicaciones, se convocaría conflicto
colectivo.
Y así se hizo: en abril de 2017 se presentó
escrito de conflicto colectivo y a partir de ese
momento se ha recorrido un largo camino de
movilizaciones, inicialmente en solitario,
posteriormente con UGT y CC.OO. y
finalmente con CSIF y CIG como plataforma
unitaria de prisiones.
Ha sido un camino complicado, duro; se han
utilizado todo tipo de medidas reivindicativas:
reuniones con multitud de políticos, encierros,
concentraciones en los centros y en las
ciudades, mesas informativas, donaciones de
sangre, carretilladas de chorizos,
manifestaciones, marchas, huelga general, etc.
Y el resultado no ha sido el deseado, porque
la Administración se ha cerrado en banda;
mejor dicho, las Administraciones: porque en
este periodo hemos tenido un primer
gobierno, una moción de censura, un nuevo
gobierno y unas recientes elecciones
generales que han complicado sobremanera la
situación política, dotándola de una absoluta
inestabilidad. Todo ello aderezado por el
personalismo de determinados gestores que
en lugar de favorecer el diálogo han
fomentado el enfrentamiento.
Todo ello ha generado un sentimiento de
frustración en el colectivo, porque hacía
mucho tiempo que no se producía un proceso
de movilizaciones con tanta intensidad y no
ha habido ninguna contraprestación, a pesar
de que se han puesto todos los medios para
conseguirlo y, en muchos casos, con unos
costos personales importantes de
expedientes, agresiones o detenciones de
compañeros y responsables de este sindicato.
Junto a todos estos condicionantes, no
debemos obviar una circunstancia
trascendente: la no presencia de Acaip en la
Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias,
debido al sistema de representación sindical,
circunstancia que se produce desde el año
2009 una vez finalizada la ejecución del Pacto
para la mejora del servicio Público
Penitenciario de 2005, lo que dificultaba
todavía más la solución del conflicto. Y el
tiempo ha demostrado que cuando hemos
estado en las Mesas siempre ha habido
acuerdos y cuando no hemos estado los
resultados dejaron mucho que desear, tal
como ha ocurrido en este último periodo.
Es momento de que la
Administración asuma su
responsabilidad, y una vez se
constituya el nuevo Gobierno abra
una mesa de Negociación para
solucionar la problemática
existente; en caso contrario
retomaremos el conflicto.
UGT
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