ENFOQUE
ACTUACIONES PARLAMENTARIAS
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Número 5 diciembre 2016
D
esde que se firmó Protocolo de ac-
tuación frente a la violencia en el
trabajo en la Administración Ge-
neral del Estado y los Organismos Públi-
cos vinculados o dependientes de ella por
parte de la Administración UGT y CSI.F,
Acaip ha estado realizando múltiples ac-
tuaciones encaminadas a solucionar el
problema en el que nos encontrábamos,
que no era otro que estar excluidos de
una normativa intrínseca e íntimamen-
te relacionada a nuestro ámbito laboral.
No en vano sufrimos en el desempeño de
nuestras funciones el 50% del total de las
agresiones en la AGE y el 80% de las más
graves.
En los últimos meses hemos estamos
trabajando muy duramente para corre-
gir lo que CSIF y UGT estropearon con su
firma. Así, hemos tenido reuniones con
todos los grupos parlamentarios, con la
Inspección de Trabajo, en el Defensor del
Pueblo para que tomen conciencia de lo
injusto de haber excluido a prisiones de
los protocolos vigentes en la materia. Para
intentar solucionar su TRAICION al colec-
tivo.
Os hemos informado puntualmente de
los pasos que hemos dado, de los escritos
que hemos presentado, de con quién nos
hemos reunido, porque nuestro único in-
terés en este tema es la defensa de los in-
tereses de los trabajadores penitenciarios.
Mientras, los que con su firma han permi-
tido que nos dejaran fuera del protocolo
lo poco que han hecho ha sido intentar
justificar su lamentable actuación o lavar
su conciencia. Estamos más que acostum-
brados a su cinismo, pero esta vez la des-
vergüenza no tiene límites
Después de todas estas iniciativas, el
pasado 28 de septiembre (Boletín Oficial
de las Cortes Generales del 11 de octubre)
el Grupo Parlamentario de Ciudadanos
presentó ante la Mesa del Congreso una
Proposición no de Ley, en la que se instaba
al Gobierno a “Incluir al colectivo de tra-
bajadores de Instituciones Penitenciarias
dentro del Protocolo de actuación frente a
la violencia en el trabajo en la Administra-
ción General del Estado y los Organismos
Públicos vinculados o dependientes de
ella, para cubrir el vacío legal que existe en
relación con las agresiones sufridas en sus
puestos de trabajo”.
Esta Proposición se debatió en la Co-
misión de Interior el 18 de octubre de
2016, y después de aceptarse varias en-
miendas transaccionales fue aprobada sin
ningún voto en contra y únicamente con
la abstención de Esquerra Republicana de
Cataluña y de Bildu. Es decir, votaron a fa-
vor de la misma el PP, PSOE, Ciudadanos,
Podemos y PNV. El texto final es el siguien-
te:
“El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, en el plazo de seis meses,
se cree un nuevo grupo de trabajo espe-
cífico, en el seno de la Comisión Técnica
de Prevención de Riesgos Laborales de la
Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, que desarrolle protocolo especí-
fico dentro del ámbito de los Centros Pe-
nitenciarios y Centros de Inserción Social
dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias del Protoco-
lo de actuación frente a la violencia en el
trabajo en la Administración General del
Estado y los organismos públicos depen-
dientes de él. Esta regulación específica
será un protocolo de actuación contra las
agresiones, que apueste por medidas y
estrategias preventivas, siendo además,
un instrumento común de actuación y un
sistema de garantías y apoyos suficientes
para los empleados/as de las Instituciones
Penitenciarias, que recoja e identifique
los peligros desde una perspectiva global
de la seguridad, así como una evaluación
de los riesgos de los distintos puestos, de
apoyo a las víctimas e incorporando un
refuerzo del papel del/la Delegado/a de
Prevención en todas las actuaciones (aná-
lisis, registro, denuncia, y seguimiento de
las actuaciones de violencia en el trabajo).”
Es cierto que las Proposiciones no de
Ley no tienen fuerza normativa, pero si un
importante contenido o calado político;
y es en este sentido en el que se produce
una absoluta desacreditación de la Admi-
nistración Penitenciaria por parte de todo
el espectro político del Congreso, al ser los
únicos que siguen manteniendo una pos-
tura totalmente intransigente y absurda
teniendo en cuenta la fuerza de los datos y
la situación existente en la Institución.
Queremos agradecer a Ciudadanos la
presentación de la proposición y el interés
que han mostrado en intentar solucionar
un problema que nunca debería haberse
producido y al resto de grupos parlamen-
tarios el apoyo y el reconocimiento del
problema existente. Nos damucha tristeza
que nuestra Administración sea la única
que está en contra de su propio personal y
en especial el Secretario General, Don An-
gel Yuste que, a pesar de ser penitenciario,
cada vez parece conocer menos el medio.
Esperamos que estono vuelva a ser una
patada hacia delante de la Administración
para ganar tiempo, mientras en los centros
penitenciarios las agresiones se multipli-
can exponencialmente. No nos extraña
esta actuación de la actual Administración
Penitenciaria, pero no nos podíamos es-
perar esta traición de CSI.F y UGT, cuya
obligación es defender a los trabajadores.
Lógicamente, este no es el final del ca-
mino; lo que se ha conseguido hasta ahora
es solamente volver a donde nos encontrá-
bamos hace un año. Desde Acaip vamos a
estar vigilantes de qué es lo que se va a ha-
cer para evitar que, de nuevo, se traicione
de esta manera al colectivo penitenciario,
no sea que se intente firmar algún docu-
mento intrascendente y sin contenido por
parte de CSI.F para salvar la cara a la Ad-
ministración que tanto defiende.
Pues bien, si se ha aprobado esta Pro-
posición no ley, si al final se elabora un
protocolo eficaz y útil en una materia tan
sensible como las agresiones a los traba-
jadores de prisiones, será A PESAR DE
ELLOS.
El congreso insta al gobierno a
la aprobación de un protocolo
frente a la violencia en el trabajo
La cámara enmienda la plana de este modo a Ángel Yuste y propone al ejecutivo la
creación de un protocolo específico en el trabajo en instituciones penitenciarias
Sentimos una gran
tristeza al comprobar
que es nuestra
Administración, y en
consecuencia Angel
Yuste, la única que
está en contra de sus
propios trabajadores
