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Defensa gasta 228 millones en vigilancia privada de sus bases, pero quiere mandar a sus soldados en la reserva a vigilar las cárceles

Fuente: El Cierre Digital

El escándalo salpica al ministerio de Defensa y de Interior. Ambos organismos ultiman un plan para ceder la vigilancia de las prisiones en manos de soldados jubilados, exmilitares que a los 45 años tienen que cesar obligatoriamente su actividad. SIn embargo, ocultan que la vigilancia de las instalaciones militares, cuarteles, bases aéreas y navales las ceden ya a empresas privadas. Hasta 228 millones de euros han gastado en esta actividad en los últimos cinco años.

El escándalo salpica al ministerio de Defensa y de Interior. Ambos organismos ultiman un plan para ceder la vigilancia de las prisiones en manos de soldados jubilados, exmilitares que a los 45 años tienen que cesar obligatoriamente su actividad. SIn embargo, ocultan que la vigilancia de las instalaciones militares, cuarteles, bases aéreas y navales las ceden ya a empresas privadas. Hasta 228 millones de euros han gastado en esta actividad en los últimos cinco años. Estas plazas ofertadas se sumarían a las que de forma ordinaria se ofertan para ampliar la nómina de empleados de las prisiones españolas.

El pasado mes de junio de 2019 ya hubo una convocatoria que permitieron crear más de ochocientos puestos de funcionarios de prisiones. Sin embargo, hace dos años la Asociación Militar Profesional #45sindespidos ya se ofreció al Ministerio del Interior, en concreto a la secretaria de Estado de Seguridad, para cubrir los puestos que fueran necesarios en Prisiones, obteniendo la callada por respuesta. Desde la misma Plataforma asegura ahora a elcierredigital.com que es  “hipócrita que Interior y Defensa lleguen a un acuerdo para esto cuando a los propios militares no se les permite encargarse de la seguridad de los propios cuarteles eligiendo para esto a empresas privadas con los que el Estado llega a sustanciosos acuerdos económicos". Efectivamente, 228.162.734,66 euros es la cantidad que se repartieron varias empresas mediante licitaciones públicas para encargarse de estos cometidos en los últimos cinco años.

Es decir, que el Ministerio de Defensa dispone de algo más de 228 millones de euros para la vigilancia del acceso a sus cuarteles que encarga a empresas privadas y ahora quiere que los militares se dediquen a vigilar prisiones, cuando no se fían de ellos para vigilar sus propios cuarteles. Por ejemplo el pasado año  la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Servicios Tecnológicos Ibercra S.L. y Garda Servicios de Seguridad, S. A. firmó un acuerdo por 461.925,6 euros para vigilar varios cuarteles. Integra Mantenimientos y Gestión de Servicios Integrados S. L. es una de las más licitaciones ha obtenido en los últimos tiempos llegando a cobrar 32.200,14 euros por servicios auxiliares en varias dependencias de la JESAT. Formando en UTE con las ya citadas Iberca y Garda ha llegado a obtener un contrato por 1.574.263,05 euros. La empresa Comanser, otro ejemplo, vigiló la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid por 22.000 euros durante la mitad de 2018.

 

Los encargados de vigilar el Ministerio de Defensa, por ejemplo, son Grupo Control Empresa de Seguridad, que tiene varios contratos adjudicados por toda la geografía española, entre ellos uno de 34 millones de euros por prestar servicio en varias instalaciones de Defensa. Estas empresas son solo un ejemplo de las decenas que optan anualmente a contratos del Estado para vigilar instalaciones militares. A pesar de todo la Asociación #45sindespidos cree que "siempre que haya una medida para dar trabajo a los jubilados del ejército nos parece positivo, pero habría que conocer exactamente las condiciones de acceso a esos puestos porque si hacen lo mismo que con la policía local estamos en igual condiciones que cualquier ciudadano de a pie". Por eso no se entiende que Defensa gaste dinero en contratar la seguridad de manera privada y luego quiera traspasar soldados a Instituciones Penitenciarias

Sindicatos de prisiones en contra

Con esta medida anunciada no están de acuerdo ni el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ni ACAIP. El primero recuerda que “las reglas penitenciarias europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. En el mismo sentido se pronuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que se refiere a las reglas para el tratamiento de los reclusos, que establecen que la administración del personal estará en manos civiles. No debe ser parte de una estructura militar”.

Acaip-UGT tampoco parecen estar a favor de que Interior palíe la necesidad de personal de esta forma y aseguran que "la crispación en la plantilla penitenciaria ha sido más que evidente y así se ha hecho notar en los Centros Penitenciarios y a través de las redes sociales. Los funcionarios de prisiones solicitan una reunión urgente con la Administración para formularles sus dudas: cómo serán las condiciones de estas contrataciones, a qué plazas accederían o si computarían para la tasa de reposición de efectivos, entre otras". La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) es el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones y afirman que "esta información es completamente novedosa y la Administración nunca había informado de esta posibilidad", aunque reconocen que "es cierto que existe una reserva de plazas en el Ministerio de Defensa para este tipo de personal cuando cumplen los 45 años".

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