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Cerca de 50.000 fueron condenados pero no tuvieron que ir a la cárcel.
Fuente: elcorreodigital.com
Los hombres que han sido encarcelados en España desde 2005 por delitos relacionados con la violencia de género suman ya 4.000, según informaron ayer fuentes penitenciarias, las cuales destacaron que antes de la entrada en vigor la Ley integral, en julio de 2005, sólo un reducido número de varones cumplía condena por crímenes que podían considerarse sexistas. En líneas generales, los convictos machistas representan alrededor del 6% de la población reclusa española. Entre ellos figuran los autores de los 72 homicidios de mujeres cometidos a lo largo de 2007.
El cómputo de presos que cumplen penas de violencia de género puede realizarse ahora porque, con la puesta en marcha de los juzgados especializados, las sentencias indican si el delito tiene una motivación humillante para la mujer, algo que no se detallaba antes. Según las fuentes penitenciarias, citadas por Europa Press, los 4.000 individuos encarcelados con la nueva ley son responsables de 5.406 delitos, ya que algunos fueron sentenciados por más de un hecho.
Normalmente, los maltratadores condenados a menos de dos años eluden la prisión si hasta entonces carecen de antecedentes penales, aunque ineludiblemente recae sobre ellos una orden de alejamiento de dos años. Esa suspensión de la pena explica la diferencia entre el número de hombres enviados a la cárcel y el de hombres realmente condenados, que asciende a más de 50.000 desde 2005.
Nuevos delitos
Ahora bien, si un agresor que acumula una pena pendiente vuelve a cometer otro delito -por ejemplo, incumplir el alejamiento, incluso con el consentimiento de la víctima, o ser cazado en una alcoho- lemia- tendrá que cumplir juntas la condena anterior y la nueva. Más de 46.000 maltratadores se encuentran en esa situación, una cuestión que no ha pasado desapercibida a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Precisamente, los analistas de este organismo atribuyen una parte del espectacular incremento de la población reclusa española -que asciende a 67.000 individuos- a las nuevas tipologías delictivas introducidas en los últimos años, entre las que figuran la violencia de género, la pederastia por Internet y la corrupción. Los juristas aguardan con cierta preocupación los efectos que puede tener la reforma que ha convertido automáticamente en delito el rebasar ampliamente los límites de velocidad o dar positivo en un control de alcoholemia.
En este sentido, desde Instituciones Penitenciarias han advertido de que habrá que realizar un gran esfuerzo para implantar programas de régimen abierto, pues ya no queda sitio suficiente en las cárceles. Y es que no sólo se han creado nuevos delitos, sino que las condiciones para acceder al tercer grado se han endurecido desde la reforma penal de 2003, un cambio que ha elevado el ratio de la población reclusa española a 130 presos por 100.000 habitantes (la media de la Unión Europea es de 90).
Mientras tanto se han lanzado propuestas para endurecer aún más la ley de Violencia de Género, de manera que el castigo no se atenúe cuando el maltratador actúe bajo los efectos de la bebida o de las drogas. La idea fue sugerida a finales de diciembre pasado por la Secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, y recibió ayer el respaldo del PP. La formación de Mariano Rajoy prometió que si gana las elecciones generales, eliminará el alcohol como atenuante en los malos tratos y agravará el castigo por vulnerar la orden de alejamiento. Actualmente, es de un mínimo de seis meses de cárcel y muchas veces supera a la pena por el delito principal.