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Médicos de prisiones reclaman el traspaso de competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria se queja del "injustificado parón" durante el último año del proceso de transferencia para la posterior integración en los servicios de salud autonómicos.

Fuente: azprensa.com

El presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Julio García Guerrero, ha solicitado a través de una nota de prensa el traspaso de competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas y su posterior integración en las áreas de Atención Primaria de los respectivos sistemas de salud autonómicos, “en condiciones de plena igualdad con el resto de profesionales que ya prestan servicio allí”.

“La dependencia orgánica y funcional de la Sanidad Penitenciaria de los organismos encargados de la asistencia, promoción y prevención de la salud de la población general ha sido recomendada por múltiples organismos supranacionales y nacionales”, indicó García Guerrero, “y es la única medida que garantiza a la población reclusa una atención sanitaria de calidad y equiparable a la que recibe la población general que, no debemos olvidar, es un derecho irrenunciable de esta población y un deber inexcusable de la Administración”.

Según este especialista, la medida mejoraría la comprensión de los problemas asistenciales y la coordinación entre los diferentes niveles encargados de prestar esa asistencia y facilitaría la puesta en marcha de nuevos programas de promoción, prevención y educación de la salud. Además garantizaría el control sanitario por parte de las autoridades autonómicas de una población que tiene un impacto sanitario en la sociedad muy superior a su peso relativo.

El distanciamiento de la dirección de las prisiones aseguraría también el cumplimiento de unos principios éticos “que en ocasiones peligran”, tal y como indicó García Guerrero, posibilitaría el contacto de los profesionales con sus homólogos de los centros de salud extrapenitenciarios y favorecería y garantizaría el recambio y la incorporación de nuevos facultativos a las prisiones.

La SESP recordó que la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ya establece que la Sanidad Penitenciaria debe ser transferida y posteriormente integrada en los sistemas de salud autonómicos. Sin embargo, denuncia que, aunque el proceso se inició a principios de 2005 y se mantuvo vivo todo ese año, “lo cierto es que durante 2006 hemos asistido a un injustificado parón que nadie puede explicar”.

“La administración central ha reactivado la vía de los convenios y parece que recela de perder el control sobre una importante actividad de la prisión”, afirmó García Guerrero, “y las administraciones autonómicas no se muestran especialmente receptivas a una competencia que ven más como un cúmulo de problemas que como una oportunidad de tener el control de una asistencia médica costosa, pero de indudables beneficios en términos de salud pública y a la que están obligadas por ley”.

Para los integrantes de la SESP, esta situación está provocando un deterioro progresivo de la asistencia y una desmoralización y desincentivación de los profesionales que la prestan “que no ven la forma de salir del gheto profesional en que son vistos por sus colegas”.

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