Fuente: El Mundo

Suenan tambores de guerra laboral en el Ministerio del Interior. No bajan las aguas tranquilas ni entre los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ni entre los trabajadores de Prisiones. En ambos ámbitos la queja es coincidente: el incumplimiento de los acuerdos alcanzados durante esta legislatura con Interior y la petición de mejores retribuciones. Y la amenaza también es la misma: movilizaciones y actos de protesta de sus respectivos colectivos. Unos advierten con empezar, y otros, con extender lo ya iniciado.

En el ámbito penitenciario, la protesta es secundada por los principales sindicatos: Acaip, Comisiones Obreras, USO y UGT, entre otros. En el ámbito policial, las quejas las lideran los sindicatos CEP y UFP, que lograron ganar en coalición los últimos comicios policiales.

Los sindicatos de Prisiones mantuvieron el miércoles un encuentro con la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para tratar de desbloquear los acuerdos firmados en marzo de 2005. «En dicha reunión apenas se han producido avances» en los temas laborales pendientes de aplicación, destacan en una carta remitida al ministro. Reclaman, entre otros puntos, la retribución de las variables económicas pactadas en 2005. «Dichos asuntos se encuentran paralizados por causas ajenas a la parte social. Se tiene la sensación de que se trata de actuaciones dilatorias por parte de la Administración». Y responsabilizan de ello a Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien han remitido una carta en la que ya ponen fecha para una nueva reunión en la que se solucionen estas cuestiones: el próximo miércoles. «Si en esa reunión no se aprecia por parte de la Administración, una voluntad inequívoca de solucionar la problemática existente y alcanzar los acuerdos necesarios para ello, los sindicatos nos veremos obligados a adoptar las medidas necesarias para defender los intereses de los empleados penitenciarios».

Proximidad electoral.

«No podemos admitir explicaciones del tipo de que, por la proximidad de las elecciones no pueden acceder a todas las peticiones existentes», ya que se trata de un acuerdo de 2005, indican en la misiva. Los dos sindicatos policiales han decidido extender a toda España los parones que los días 8, 9 y 10 de este mes han aplicado en Madrid y que, según ellos, ha supuesto una importante merma de los servicios policiales en más de 700 efectivos de la región.

Reclaman la compensación económica por los «servicios extraordinarios» realizados por policías de forma voluntaria para reforzar los radiopatrullas. Y que esa compensación (de 48 euros) sea ya actualizada con respecto al nivel de vida. Por eso, quieren extender estas movilizaciones a todas las comunidades.

Aseguran que el problema reside en «el desmedido incremento de la inseguridad ciudadana». Y dicen que, como consecuencia de sus protestas en Madrid, se han producido importantes alteraciones en el funcionamiento de los juzgados.