Fuente: canalsolidario.org

En España hay aproximadamente 64.000 personas encarceladas. Unas 470 organizaciones no lucrativas desarrollan proyectos en 77 centros penitenciarios del país, contando entre todas con más de 5.300 personas trabajando como voluntarias o como profesionales con contrato.

A pesar del volumen y la importancia de sus tareas, estas organizaciones no cuentan con una entidad que coordine a nivel estatal su labor.

Representantes de muchas de estas organizaciones han estado presentes en las Jornadas ‘La intervención de las ONG en centros penitenciarios’, organizadas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP), la Fundación Atenea Grupo Gid y Obra Social Caja Madrid.

En las jornadas se ha puesto de manifiesto la necesidad -y la dificultad- de hallar una fórmula eficaz para coordinar el trabajo de todas estas personas.

Primeros pasos

Para Miguel Pérez-Lozao, director de la Fundación Atenea Grupo GID, un “primer paso” hacia la constitución de una red ha sido la creación por parte de la DGIP de la Comisión de Seguimiento del Voluntariado en Instituciones Penitenciarias, un órgano consultivo de encuentro y participación entre las ONG y la administración penitenciaria.

Esta comisión propondrá medidas que mejoren la colaboración de estos agentes, mejorará los canales de información y conocerá las posibles disfunciones que se puedan producir en el desarrollo de los programas de las entidades.

Pérez-Lozao cree que el “segundo paso” hacia esa red ha sido la celebración de este encuentro en Madrid, en el que se han evidenciado los problemas que surgen debido a la descoordinación: la repetición de programas en los mismos centros penitenciarios, el desconocimiento de metodologías útiles o la falta de información sobre colectivos con necesidades muy específicas, como el de los enfermos mentales.

Las posibilidades de colaboración son muy amplias: “Van desde la evaluar el impacto global de las acciones realizadas, participar colectivamente en una planificación estratégica y previsión de necesidades de actuación, alcanzar un mayor conocimiento del sector y participar más en la elaboración de medidas que afectan a los internos”, anota.

Retos de la red

“Las intervenciones en prisión implican ámbitos tan diversos como la salud, la drogadicción, inmigración, educación, salud mental o la exclusión social”, explica Luciano Poyato Roca, presidente de la Unión de Asociaciones de Atención al Drogodependiente (UNAD).

Además, actualmente “existen muy pocas entidades que trabajen específica y únicamente en prisiones”. De ahí que la labor de coordinar su trabajo sea “muy compleja”.

La juventud del sector, la falta de términos y definiciones sobre su trabajo, el escaso reconocimiento legal de estas organizaciones y las diferencias metodológicas, de intereses, estructurales y económicas son otros factores que hacen que no exista esa figura de conexión entre estas entidades.

Más allá de la agrupación por colectivos
Según Paula Cisneros, subdirectora de la Fundación Luis Vives, para trabajar en red son necesarias ciertas actitudes: “Romper las posiciones corporativas y personalizadas, sustituir la competición por la cooperación, predisponerse a encontrar nuevos valores, superar estereotipos o gestionar las diferencias de modo maduro”.

Considera que "para avanzar en el trabajo en red es necesario ir más allá del modelo de agrupación por colectivos". Se trata de reflexionar sobre si la respuesta debe venir dada por la naturaleza de los grupos sociales o por la naturaleza del problema.

"La realidad nos dice que lo esencial son los problemas, sin tener que olvidar por ello las características de los colectivos -concluye-. Una respuesta por colectivos genera ineficiencias que se pueden superar a través del trabajo en red".