Fuente: hoydigit@l

El grado de sobreocupación de las cárceles extremeñas se debe fundamentalmente al aumento de la población reclusa en los últimos años, especialmente desde que empezó el siglo XXI.

De esta manera, en el año 2000 había en la región 879 reclusos, que representaba prácticamente la capacidad de las dos prisiones extremeñas. Más de seis años después, el número de penados ha crecido nada menos que un 44,7%, hasta las 1.272 personas registradas a finales del año pasado, según muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los últimos datos, aportados por Instituciones Penitenciarias esta misma semana, hablan de 1.174 internos.

Este fenómeno no es exclusivo de Extremadura. En el conjunto del país, el número de reclusos ha aumentado un 41,9%, desde los 45.104 hasta los 64.021.

El incremento de la población penitenciaria no se ha visto correspondido con un aumento en el número de prisiones. Ante esta situación, el Gobierno anunció a a finales del año 2005 un ambicioso plan de construcción de nuevas prisiones.

Los últimos datos pormenorizados sobre la ocupación de las dos prisiones extremeñas datan del año 2004. De ellos se puede extraer que el número de mujeres en prisión resulta insignificante, apenas 45 frente a 1.083 varones.

Preventivos

De igual manera, el 17,9% de los reos de las cárceles extremeñas se encontraban en situación preventiva; esto es, eran retenidos a la espera de que se celebrara juicio oral contra ellos. El 82% restante son reclusos que se encuentran ya cumpliendo la condena impuesta por un tribunal.

Asimismo, había a finales del año pasado tres penados, hombres, que se encontraban en situación de otras condiciones. Este supuesto incluye arrestos de fin de semana, impago de multas, medidas de seguridad y tránsitos.

Según los datos de esta semana de Instituciones Penitenciarias, en el centro de Badajoz hay 713 internos, de los que el 21% eran de nacionalidad no española. Por su parte, el número de presos en Cáceres era de 485, con un 31% de extranjeros. Como es la tónica a nivel nacional, el mayor contingente de reclusos foráneos está formado por el colectivo magrebí, seguido del suramericano y del europeo, especialmente de los países del Este.

A nivel nacional, en las cárceles peninsulares hay ahora mismo 461 presos etarras. Es sabido que 12 de ellos están en la prisión pacense y otros seis, en Cáceres.

El pasado mes de febrero, el Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura (Cidhex) presentó un informe que aseguraba que las prisiones extremeñas estaban «sobreocupadas» en ese momento en un 167,6% de su capacidad, y que más de la mitad de los 1.266 internos que había eran reincidentes en los delitos cometidos.

De ese estudio se desprendía que la cárcel de Badajoz, que está preparada para acoger de media a 507 reclusos, estaba al 200% de ocupación. La de Cáceres, pensada para 359, presentaba una ocupación del 127,8%. Según Elena Alfageme, redactora del informe, más de la mitad de los presos y presas de Extremadura son reincidentes. Concretamente el 67% de la población reclusa en Badajoz y el 60% en el centro penitenciario de Cáceres.

Más cárceles

En día después, la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, reconocía que las prisiones extremeñas albergan más presos que los que debería, aunque matizó que la delincuencia no ha aumentado en la región y se trata de un problema del conjunto de España. Incidió en que el plan de construcción de prisiones solucionará el problema en un futuro.

Efectivamente, en noviembre del 2005 el Gobierno anunciaba un ambicioso plan para construir 46 centros penitenciarios en los seis próximos años, que se sumarían a los 77 ya existentes.

En conjunto, se trataría de 18.000 nuevas celdas, que sin embargo ya podrían ser pocas antes de estar operativas, teniendo en cuenta la población reclusa que hay en España en estos momentos.

El proyecto, dotado con 1.647 millones de euros más otros 1.504 millones ya liberados, contempla la construcción de once macrocárceles, centros-tipo de 1.008 celdas, en zonas de mayor hacinamiento penitenciario o de infraestructuras obsoletas: Andalucía oriental, Ceuta, Comunidad Valenciana, Fuerteventura, Gran Canaria, Guipúzcoa, Menorca, Murcia, Navarra, País Vasco y Soria.

Además, se remodelarían o ampliarían tres centros ya existentes, El Dueso (Cantabria), Arrecife (Lanzarote) y La Isleta (Las Palmas), y se sumarían las cuatro cárceles aprobadas por el Gobierno del PP que ya estaban en ejecución: Puerto III (Cádiz), Albocsser (Castellón), Estremera (Madrid) y Morón (Sevilla).

Además, el Gobierno aceptó la propuesta de Instituciones Penitenciarias de abrir 32 nuevos centros de inserción social (CIS) para el cumplimiento de penas en régimen de semilibertad (tercer grado).

Uno de estos centros estará ubicado en Cáceres, junto a la actual prisión.