Fuente: levante-emv.com

Los expertos piden, por tanto, que se incentive a los ayuntamientos y a las organizaciones sociales para que pongan fin a sus recelos actuales y se impliquen en el problema.

Los trabajos en beneficio de la comunidad se regularon en el Código Penal de 1995 como pena sustitutiva y desde la reforma de 2003 se aplican también como pena principal. En la actualidad, la mayoría de estas condenas se imponen en casos de malos tratos, pero también por agresiones, conflictos vecinales y familiares o asuntos de tráfico.

una vez impuestas estas condenas, que pueden superar los 180 días cuando se trata de penas sustitutivas, son los servicios sociales penitenciarios los que se encargan de buscarles una plaza y los juzgados de vigilancia penitenciaria los que certifican su cumplimiento.

Y aquí es donde está el problema, concretamente en la búsqueda de plazas. Al parecer, no existe una implicación suficiente de los organismos públicos, las entidades privadas y los ayuntamientos debido a los recelos que aún tienen con este tipo de personas.

Los datos actuales.

Según el director del Centro de Inserción Social (CIS) de Valencia, Adolfo Casas, en la actualidad hay 400 personas cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad, cuando existen aproximadamente 2.700 condenas esperando plaza para poder ejecutarse.

Propone, por tanto, que la remozada Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto arbitre medidas urgentes para que las organizaciones sociales, las entidades privadas y los municipios, que apenas ofertan 126 plazas, se impliquen en el problema y firmen los correspondientes convenios con los servicios sociales de Instituciones Penitenciarias, que en el caso de Valencia tienen su sede en la Ciudad de la Justicia.

Casas puso como ejemplo el que da el propio Centro de Inserción Social de Valencia, que está dentro de la prisión de Picassent, pero segregado de la misma. En este recinto, cuya misión es gestionar a los presos en tercer grado y en libertad condicional, cumplen con sus trabajos comunitarios una docena de personas todos los días.

El director del CIS de Valencia advirtió, finalmente, que el problema puede agravarse en el futuro, pues la reforma del Código Penal en materia de tráfico generaliza las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad cuando se superan las tasas de alcohol, los límites de velocidad etc.