Fuente: El Periódico de Aragón

La reciente reforma del Código Penal que considera delitos contra la seguridad del tráfico conductas que hasta ahora eran simples infracciones administrativas, tiene un punto débil en Aragón. La modificación legal apuesta por los trabajos en beneficio de la comunidad en lugar del ingreso en la cárcel como forma de castigo, pero puede quedarse en papel mojado debido al déficit de plazas para realizar actividades sociales.

"Solo en Zaragoza, existe un déficit de unas 600 plazas", apuntan fuentes sindicales, una cifra que Instituciones Penitenciarias rebaja sensiblemente. "Ahora mismo hay en torno a medio centenar de plazas en distintos organismos públicos, pero el número de sentencias que contempla este tipo de pena es de 650", añaden las organizaciones laborales. Las mismas fuentes han constatado que la demanda de puestos de trabajo en beneficio de la comunidad "se ha disparado de dos meses a esta parte más del 200%, a raíz del endurecimiento del Código Penal en lo referente a la seguridad vial".

Ante esta situación, la lista de espera de conductores condenados por correr demasiado, consumo excesivo de alcohol o carecer de carnet no para de crecer, hasta el punto de que el retraso en el comienzo del cumplimiento de la pena es cada vez mayor.

"Ahora mismo se están otorgando plazas a personas que fueron condenadas a finales del 2006 y principios del 2007", confirman en los juzgados de lo penal de Zaragoza, para los que los asuntos vinculados con el tráfico han incrementado el riesgo de atasco judicial. "Hay retrasos, es innegable, pero no colapso", resumió Mauricio Murillo, juez decano de la capital aragonesa.

En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dirigida por la aragonesa Mercedes Gallizo, reconocen que la oferta de puestos de trabajo para conductores penados, 111 en todo el territorio aragonés, "no es suficiente".

Sin embargo, hacen hincapié en que el déficit no es tan acusado como denuncian los sindicatos, "ya que la mayoría de las plazas son ocupadas por más de una persona cada día, en función de su horario".

En Prisiones señalan que, desde que entró en vigor la reforma relativa al tráfico en diciembre pasado, en toda España, salvo Cataluña, se han dictado 2.800 sentencias que condenan a realizar trabajos comunitarios. A ellas hay que añadir las penas impuestas a las personas condenadas por malos tratos en el ámbito doméstico, que también giran en gran medida en torno a actividades extracarcelarias en oenegés, instituciones y, sobre todo, ayuntamientos.

SIETE SENTENCIAS DIARIAS No obstante, los jueces de lo penal de Zaragoza sostienen que el continuo incremento de la lista de espera se debe en parte a que algunos consistorios "son reacios a colaborar".

Sea como fuere, urge ampliar cuanto antes el número de plazas de trabajo en beneficio de la comunidad, dado que, solo en Zaragoza, se dictan a diario entre siete y ocho sentencias que recurren a esta fórmula. Al fin y al cabo, el espíritu de la reforma es evitar que el conductor sin antecedentes acabe entre rejas como un delincuente.