
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
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Topas no admite más presos. El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip reclamó ayer la puesta en marcha de un “plan de choque” que permita atajar la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles de Castilla y León que, según denuncia, llega al 170%.
Fuente: Tribuna de Salamanca
Un porcentaje que se supera ligeramente en los centros penitenciarios de León y Topas, hasta situarse en el 170,83 y el 172,52% respectivamente, y que crece de forma notable en Burgos y Soria, para convertirse en las prisiones con mayor hacinamiento de la Comunidad con un 208,61 y un 225,84%, en cada caso. Desde la prisión salmantina, la directora del centro, Ana Soledad Acosta, replica que “no podemos hablar de hacinamiento”, aunque reconoce que el número actual de internos, que superaba los 1.600 a finales del pasado año, “supera lo que nosotros deseamos”. Acosta confía en la próxima apertura de dos nuevas prisiones en la Comunidad, en Soria y Zamora, como solución para atajar la sobreocupación en las celdas con una “redistribución de los internos, atendiendo a criterios geográficos”.
El secretario de Relaciones Institucionales de Acaip, José Antonio Cartón, insiste, no obstante, en que el exceso de presos y la falta de personal colocan a las prisiones de Castilla y León en una situación “crítica”. Según Cartón, en todas ellas “se están sobrepasando los límites funcionales para el buen funcionamiento del sistema” por lo que reclama un plan de choque, antes de que la situación “sea imposible de controlar”. El plan pasaría por agilizar al máximo las inversiones para nuevos centros penitenciarios, como el de Soria, que se licitará esta semana, y que supondrá la puesta en marcha de una prisión de tipo medio con capacidad para 750 internos. Cartón recuerda, además, el compromiso de la dirección general de construir una nueva cárcel en Zamora. Sin embargo, “como estas dos prisiones no solventarían el problema de hacinamiento de la Comunidad”, Acaip añade la necesidad de levantar un nuevo centro en León.
Modelo de convivencia.
El secretario de Relaciones Institucionales de Acaip sostiene que en la provincia leonesa se ha puesto en marcha un nuevo sistema terapéutico de convivencia en módulos que está dando “buenos resultados”. De esta manera, la petición sindical contempla que los reclusos que se adapten a este régimen se trasladen l nuevo centro y que la cárcel actual se destine a reclusos más inadaptados. El plan de choque refleja,
además, poner en marcha tres centros de inserción social (CIS) para “desatascar las tres prisiones tipo de la Comunidad” en Segovia –casi terminado–, Valladolid y León.
Asimismo, Acaip reclama que se incremente la dotación de personal en función del grado de hacinamiento de los centros penitenciarios y que se implante el nuevo modelo de gestión penitenciaria acordado con los sindicatos. El representante sindical de los funcionarios de prisiones castellanos y leoneses añade que la situación está incidiendo en la salud mental de los funcionarios, que están sufriendo trastornos psicológicos derivados del síndrome del ‘burnout’, el trabajador quemado. El desgaste físico que sufren es “considerable” ya que los trabajadores deben “asumir el doble de carga de trabajo que hace diez años”.
Cartón habló también ayer sobre el perfil medio del recluso en Castilla y León. Nueve de cada diez internos son hombres (91,26%). El 78,81% están condenados a penas de prisión, mientras que el 21,19% se encuentran en situación preventiva. Respecto a la reincidencia, se manifiesta en el 63,07% de los casos, sobre todo en los hombres, ya que el 50,22% de las mujeres son condenadas por primera vez, un porcentaje que se reduce al 35,78% en el caso de los hombres. La reincidencia es un factor especialmente notable en los presos de Mansilla –afecta al 93,16%– y en los de Segovia, donde alcanza al 86,07% de la población penada. El 8,82% de la población reclusa está en segundo grado (4.676 presos); el 7,66% (399 presos) en tercer grado o en situación de semilibertad y el 2,52% (131 presos) en primer grado (terroristas, grandes narcotraficantes, internos mafiosos e internos inadaptados al régimen interno de los centros penitenciarios castellanos y leoneses.