Fuente: abc.es

El sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones en Castilla y León, la Agrupación de de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), denunció ayer que los centros penitenciarios de la región han rebasado con creces su capacidad inicial, situándose en estos momentos en un 170 por ciento, setenta puntos por encima de lo previsto como tope, con las cárceles de Soria y Burgos a la cabeza con un hacinamiento de un 225 y 208 por ciento respectivamente. Este incremento ha supuesto casi un 83 por ciento desde 2000, pasando de los 3.952 reclusos a los actuales 7.229, de los que un 60 por ciento son extranjeros. Así lo denunció ayer el secretario de Organización de Acaip, José Antonio Cartón, en rueda de prensa, en la que ofreció numerosos datos sobre la situación de las cárceles en Castilla y León.

A la cabeza en España.

Así los centros penitenciarios de La Moraleja (Palencia) y Topas (Salamanca) son las dos prisiones que tienen el mayor porcentaje de población reclusa extranjera de toda España, con un 76 y un 68 por ciento, respectivamente. Mientras, en la de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, los extranjeros suponen un 56 por ciento de los internos, lo que la sitúa en el quinto puesto de la clasificación nacional. Mención especial merece la prisión de mujeres de Brieva, en la provincia de Ávila, donde de las 245 internas 177 son extranjeras, lo que supone el 72 por ciento de las reclusas.

La gran presencia de presos no españoles se debe, según Cartón, a que el índice de delincuencia en Castilla y León «es bajo» por lo que las autoridades penitenciarias desvían los condenados extranjeros a las prisiones de la región.

Esta situación, calificada como «crítica», por José Antonio Cartón, se traduce en una sobreocupación de las cárceles de Castilla y León, que en opinión de Acaip debe solucionarse lo más pronto posible con «un plan de choque» si no se quiere que «este problema estalle», aseguró el representante sindical. Según indicó Cartón, esta sobrepoblación ha llevado a que los centros penitenciarios en la región ya no cumplan su función primigenia por estar sometidos a unas condiciones que superan tanto su infraestructura como las funciones y capacidades de la actual plantilla de funcionarios.

Plan de choque.

Para reconducir esta situación, Acaip demandó que se habiliten los nuevos centros penitenciarios, concretamente en Soria, ya a punto de licitarse, y en Zamora y León. Además, exigió otros tres centros de inserción social para presos en Castilla y León, que deberían situarse en Segovia, ya en construcción, Valladolid y Palencia.

Un tercer punto del plan de choque propuesto por el sindicato mayoritario entre los trabajadores de las cárceles de Castilla y León es el aumento de los funcionarios de prisiones según la actual ratio de ocupación de cada centro penitenciario, teniendo en cuenta su sobresaturación. Según los datos manejados por Acaip, sería necesario un incremento de la actual plantilla en un 10 por ciento. Según subrayó Cartón, en la actualidad de los 2.577 funcionarios de prisiones que hay en la Comunidad Autónoma, un 60 por ciento se dedica a trabajar directamente con los internos, principalmente en tareas de custodia, mientras que el restante 40 por ciento realiza tareas de tipo administrativo.

Derivada de esta distribución de labores, este sindicato también reivindicó un nuevo modelo de gestión penitenciaria, «tal como se acordó en su momento con los sindicatos», aseguró José Antonio Cartón, quien recordó que el actual modelo de gestión data de principios de la década de los ochenta del siglo pasado, algo que ya no se ajusta a las necesidades actuales, «pues ahora trabajamos con presos por violencia de género y empezaremos a recibir a condenados por delitos contra la seguridad vial, y tenemos que saber como tratarles», advirtió Cartón.

Finalmente, dentro del plan de choque demandado por Acaip, se incluye un programa para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones, sometidos, según se recalcó ante los medios de comunicación, a un elevado nivel de estrés al trabajar con presos que en mucho casos no colaboran o llegan a actitudes de rebeldía y violencia, lo que está desembocando en un número significativo de funcionarios con el síndrome del quemado, que también deriva en problemas físicos, duplicando los casos en los últimos diez años según los datos en posesión de este sindicato.